Imagen de uno de los actos promocionales de Vila en Menorca. | Gemma Andreu

La empresa adjudicataria de dos contratos menores por valor de 14.999 euros cada uno, Ibiza DMC SL, de la que es socia fundadora la mujer del ex primer teniente de alcalde de Vila, el socialista Alfonso Molina, superó en su oferta la propuesta del Ayuntamiento de

Ibiza para hacerse con la adjudicación.
Y es que, pese a que el Consistorio aseguró que había realizado una rebaja «de un 26% sobre esta reserva de crédito», el importe de adjudicación del contrato es superior a las estimaciones realizadas por el Ayuntamiento de Vila en la carta de invitación que, según aseguró, había remitido a siete empresas para que realizaran sus ofertas. Una estimación que no supera los 14.645 euros.

10 eventos
Concretamente, la Concejalía de Turismo dirigida por Desirée Ruiz había previsto a lo largo del año la realización de tres eventos con una duración inferior a las tres horas, por lo que en este aspecto las ofertas no podrían superar los 1.425 euros. También contemplaba la carta de invitación la realización de cuatro eventos de tres a ocho horas, lo que equivaldría a un máximo de 6.080 euros, así como otros tres eventos con una duración de más de ocho horas, lo que supondría un coste máximo de 7.1410 euros.

El coste de todas estas promociones ascendería a 14.645 euros, mientras que la adjudicación del contrato, según se desprende del decreto 2021-3173 de 10 de mayo de 2021 es de 14.999 euros, por lo que la adjudicación finalmente se realizó por un importe 354 euros superior a lo estimado por el Consistorio, por lo que no se aprecia por ningún lado la rebaja del 26% esgrimida por el equipo de gobierno para su adjudicación.

Falta de información
A fecha de hoy desde el Ayuntamiento presidido Ruiz no se ha facilitado al Periódico de Ibiza y Formentera ni el nombre de las empresas invitadas ni las ofertas realizadas por las otras dos que también optaron al concurso junto con Ibiza DMC SL.

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Según explicaron, han remitido la consulta al departamento jurídico por si se puede facilitar esta información, algo que sorprende porque en otras ocasiones, como con los contratos para la auditoría de la calidad de las playas del municipio, sí que se facilitó los datos de las empresas que presentaron oferta y las cantidades ofertadas por cada una.

En la citada carta de invitación, se especifica que la duración del contrato para el servicio de asistencia para la realización de eventos promocionales de la Concejalía de Turismo durante el año 2021 es hasta el 31 de diciembre.

En cuanto a las necesidades a satisfacer a través del contrato, la carta de invitación apunta la asistencia para la realización de acciones promocionales de la Concejalía de Turismo, unas acciones que se dividen en tres tipos, cada uno de ellos con una propuesta económica concreta.

En las acciones inferiores a tres horas, el precio en ningún momento podrá exceder de los 475 euros. En aquellas promociones cuya duración esté entre las tres y las ocho horas, el importe máximo a facturar es de 1.520 euros, mientras que las que estén en la franja de entre ocho y doce horas no podrán tener un coste superior a los 2.380 euros.

Unos contratos con objetos «muy rebuscados»
La empresa Ibiza DMC SL recibió la adjudicación de dos contratos menores, ambos por importe de 14.999 euros (un euro por debajo del límite legal para no tener que sacar la contratación a concurso público) el mismo día y desde la misma Concejalía, la de Turismo y Comercio. La única diferencia entre ambos contratos es el objeto de los mismos: en uno de ellos es un servicio de asistencia para la realización de actos promocionales en materia de Turismo y en el otro es exactamente lo mismo, pero en este caso para actos promocionales de Comercio.

Los expertos consultados por el Periódico de Ibiza y Formentera dejaron muy claro que, para cumplir el espíritu de la ley, «habría que haber hecho un concurso público para estos contratos porque, a su entender, estaba «muy rebuscado» el objeto de la contratación para poder hacer dos contratos diferentes al límite de lo permitido para los contratos menores.