Ángel Luis Guerrero, alcalde de Sant Josep, toma la palabra durante su intervención de este sábado en compañía de siete concejales. | Arguiñe Escandón

Las 28 familias que todavía resisten en los apartamentos Don Pepe no podrán pasar las Navidades en sus hogares. Así lo ha anunciado esta mañana el alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, en una rueda de prensa en la que, dada la trascendencia del asunto que se trataba, ha estado arropado por siete de sus concejales.

Guerrero informó del último auto judicial recibido por el Consistorio el 17 de noviembre por el que se daba luz verde a la solicitud presentada por el Ayuntamiento para poder hacer efectivo el desahucio de las últimas viviendas ocupadas en la polémica edificación.

Un desaojo forzoso que tendrá que hacerse efectivo antes del próximo 17 de diciembre y, en caso de que no se cumpla este plazo, «tendrán que actuar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado».

«La entrada se hará de ocho de la mañana a ocho de la tarde de la manera que menos perjudique a sus ocupantes» ha recalcado el alcalde de Sant Josep, que insiste a su vez en la obligación que tiene el Ayuntamiento de hacer cumplir el auto judicial. «Dado que es una orden judicial, no ejecutarla sería no hacer caso por parte del Ayuntamiento al juzgado», insiste Guerrero.

«Por el momento no se hacía caso por parte de la propiedad», asegura, «y esperamos no tener que utilizar la fuerza» para llevar a cabo el desalojo, «no es el objetivo ni mucho menos».

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El primer edil ha hecho hincapié en la necesidad de hacer el desalojo «lo más rápido posible» y anuncia que el Consistorio está en disposición de ayudar a las familias en el realojo, que será en un establecimiento turístico, tal y como sucedió con los vecinos de la escalera 1. «Seguiremos ayudando», manifiesta Guerrero, «este equipo de gobierno no puede cerrar los ojos ante esta situación».

Asimismo, indicó que «una vez que los vecinos estén fuera, ya veremos qué pasa con el edificio. Lucharemos por ellos aunque estén enfadados con nosotros», recalcó. Y es que el futuro del inmueble también está manos de los tribunales, que deberán determinar si prevalecen los informes municipales, que aseguran que el edificio está en ruina y es irreparable, o los informes elaborados por los técnicos de los propietarios, que señalan que todas las deficiencias son reparables.

De cualquier forma, Ángel Luis Guerrero recordó que, aparte de las valoraciones de los técnicos en cuanto al estado del edificio, «hay una cuestión urbanística de más calado que es la licencia y el suelo donde está el inmueble, y deberían cambiarse muchas cosas», en caso de que la reparación fuera posible, «para que se pudiera rehabilitar el edificio».

En cuanto al futuro de las familias desalojadas, el alcalde josepí anunció que ya había cerrado un acuerdo con el Govern, que no cuantificó económicamente, «que serían ayudas a largo plazo para el alquiler». Ayudas que aún están estudiando de qué manera encajar. También recordó que el Consistorio había cedido dos solares al Ibavi «para hacer viviendas para estas familias». Sin embargo, tuvo que reconocer que se trataba de un proyecto a muy largo plazo y que correspondería al Ibavi estudiar si hay alguna forma para poder dar preferencia a los desahuciados de los Don Pepe a la hora de adjudicar las viviendas.

Criticó a su vez que el Consell haya «votado no ayudar a estas familias» y denunció que hay determinados políticos que únicamente se han aprovechado de los vecinos «sólo para hacerse fotos». «Somos la única institución que ha hecho algo efectivo», sentenció.