Josep Marí Ribas 'Agustinet'.

Un cambio de criterio del Ministerio del Interior ha provocado que, a día de hoy, todavía no se haya firmado desde 2019 el convenio para la construcción de una serie de viviendas para funcionarios de la Policía Nacional destinados en Ibiza y viviendas de protección pública.

Al parecer, según desvelaron desde la Conselleria balear de Vivienda, el Ministerio del Interior, ya no quiere vivienda protegida sino alojamiento dotacional. Donde más se ha desarrollado esta figura es en el País Vasco, y consiste en recursos residenciales de entre 25 y 60 metros cuadrados, con instalaciones y servicios comunes, y de obligado carácter rotatorio, diseñados para una o dos personas.

Los pisos fueron anunciados en 2017, el protocolo de protocolo de actuaciones entre Gobierno, Govern, Consell d’Eivissa y Ayuntamiento de Ibiza en 2019, pero el convenio que lograría desarrollar todas estas viviendas aún está por negociar.

Y es que desde Vivienda indicaron que «es necesario garantizar el equilibrio patrimonial entre el suelo que aporta el Ministerio», una finca de 8.447,03 metros cuadrados, «y el coste de la construcción que deberá realizar el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), además de los importes que deba aportar el Consell. En estos momentos se están ajustando las valoraciones del suelo para determinar el equilibrio de dichas prestaciones».

Protocolo de 2019

La máxima institución insular aseguró, por su parte, que no había mantenido ninguna reunión con el Govern balear para hablar sobre la financiación de las obras y recordó que, según el protocolo firmado en 2019, su compromiso consistía en comprar parte de estas viviendas para incorporarlas a su patrimonio «en función de sus disponibilidades presupuestarias».

La participación del Ayuntamiento de Ibiza en este protocolo consistía en agilizar los trámites administrativos municipales necesarios «para el otorgamiento de las licencias de segregación, así como de las licencias preceptivas» para la ejecución de las obras.

En el mes de abril el Gobierno confirmó que «el uso proyectado para ese solar», en relación al solar contiguo a la Comisaría de Policía, «sigue siendo el de una instalación que permita facilitar el acceso a la vivienda a los agentes de Policía Nacional destinados en la isla, para paliar las dificultades que tienen para encontrar vivienda».