Roberto Algaba Cantero. | Marcelo Sastre

La Conselleria de Transporte presentó esta semana sus datos de lucha contra el intrusismo. El director del departamento, Roberto Algaba (Madrid, 1977) indica que se hizo hincapié en el sector VTC, que el año que viene verá se multiplica el número de licencias. Existen 540 solicitudes que se deben tramitar por orden judicial de las que 60 ya están concedidas y otras 150 a punto de aprobarse.

¿Qué pasa con las 330 licencias de VTC que quedan por tramitar por orden judicial?
—El Tribunal Supremo nos marca que tenemos que empezar otra vez el procedimiento con la normativa del momento en el que presentaron su solicitud, 2015 o 2016. Ellos vuelven a presentar la solicitud con los requisitos que se les marcan, qué vehículos van a hacer uso de esa licencia, los seguros… y si cumplen con todos los requisitos que marca la legislación de aquel año se les conceden las licencias.

¿La Isla puede absorber este incremento de la oferta?
—Estamos en un momento de incertidumbre, porque no es que la administración haya decidido con informes técnicos cuántas licencias da; ha sido el Tribunal Supremo el que ha decidido que hay que tramitarlas. Había un vacío legal que se aprovechó y lo que vamos a ver es cómo actúan. No sabemos si las personas que pueden solicitar estas licencias las van a pedir todas, si van a actuar en Ibiza o se van a ir a Mallorca o Menorca después de obtenerlas. El haber legislado mal y no tener las cosas correctamente ejecutadas ha provocado esta situación. Éste será el primer año que veremos lo que suponen estas licencias.

¿Qué tipo de empresas ha pedido estas licencias?
—Son varios perfiles, pero suele haber empresas que han especulado y lo que quieren es venderlas. Esas irán a parar a particulares o empresas que las quieran gestionar. Por ahora, las empresas a las que se han otorgado son empresas que explotan este tipo de licencias del mismo modo que lo hacen las empresas de la isla.

En la presentación de los datos sobre intrusismo dijo que podrá venir lo que nos dé tiempo a tramitar, ¿qué puede dar tiempo a tramitar?
—Teniendo en cuenta que en Transporte tenemos ahora mismo en trámite el plan insular de transporte y la lucha contra el transporte ilegal ha habido una acumulación de tareas extraordinaria en estos meses. El Tribunal Supremo nos está diciendo que tramitemos estas solicitudes de licencia ya y los afectados, dentro de su derecho, piden que lo hagamos. Nosotros estamos mirando muy meticulosamente estas licencias por la controversia que han generado. No queremos que haya ningún defecto en la tramitación y, por eso, se está tardando un poco más de lo que son las tramitaciones normales. Pero los esfuerzos de los funcionarios de la casa son inmensos para ir sacando todas las que podamos.

Desde el Consell se ha pedido que se regule cuanto antes las VTC a nivel balear, ¿qué aspectos debería contemplar esta regulación para poner orden y que no exista conflicto con otros colectivos profesionales?
—Desde luego, lo que ya nos parece esencial es que exista una regulación. Si no hay regulación, las VTC no podrán llevar a cabo transporte urbanos desde noviembre de 2022 por el decreto Ábalos. ¿Qué pedimos a esta regulación? Viene a ser lo mismo que piden desde el sector del taxi. Este sector está muy regulado y ellos tienen que cumplir muchos requerimientos. Sin embargo, el sector de VTC tiene ahora mismo una normativa más laxa. Lo que no queremos ver aquí es lo que está pasando en otros territorios en los que al final las VTC son un servicio de baja calidad. Pedimos que esa regulación marque un mínimo de calidad y que no venga cualquier empresa con cualquier vehículos y ofrezca ese tipo de transporte.

¿Podríamos ver un servicio de VTC en Ibiza como el que se ofrece en Madrid o Barcelona?
—A día de hoy no. Tenemos una normativa de precontratación de 30 minutos que evita esa clase de servicios. Creo que el servicio de VTC está enfocado a cubrir una demanda distinta a la del sector del taxi y pedimos una regulación que implique que su personal necesite unos requisitos concretos o que sean pioneros en transporte eléctrico… que las VTC ofrezcan un servicio diferenciado de calidad, porque si va a venir una VTC con un coche cualquiera para trasladar gente eso no nos interesa para la imagen de la isla.

El Consell le pidió al Govern poder participar en la redacción de esta normativa, ¿hay respuesta?
—Para nosotros fue una sorpresa cuando llegó al correo electrónico del conseller un borrador de este decreto. Nosotros hemos pedido desde el principio participar en la redacción de este decreto porque el hecho de tener estas 540 solicitudes de licencia por tramitar somos los más afectados. Fuimos los que impulsamos la petición de este reglamento y creemos que el Govern tiene que sentarnos a todas las islas y que empecemos a trabajar este texto. Recibir un decreto ya hecho da la sensación de que te están imponiendo algo.

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Dentro de los datos de denuncias en materia de transporte había 41 a taxis pirata del total de más de 300. ¿Está satisfecho con esa cifra?
—El transporte que se hace en un vehículo particular cobrando por ello es algo muy difícil de captar. El hecho de coger a una persona que contrata ese servicio, al que coges in fraganti, en una situación en que la persona que ha contratado el servicio tiene que declarar… es algo muy complejo. Cada una de estas 41 denuncias han supuesto un trabajo enorme de los agentes de policía, la Guardia Civil y nuestros inspectores. Nos parece una cifra satisfactoria, porque se ha trabajado mucho en hacer que los controles sirvan para que la persona que tiene idea de coger este taxi se lo piense dos veces. Hemos visto imágenes de taxistas ilegales alertando a sus clientes de que las carreteras están llenas de controles. Eso es lo que buscamos. Yo prefiero hacer controles, coger dos taxis pirata pero hacer que otro centenar decida no actuar, que coger diez en un punto pero que los demás sientan total impunidad. Creo que los controles han eliminado esa impunidad. Parecía que cualquiera podía coger un coche y llevar a gente.

¿Cuáles son las dificultades principales que encuentran?
—Cuando paramos a los vehículos, los clientes muchas veces están advertidos y dicen que van con un amigo. Entonces tienes que demostrar que no existe relación entre esas personas, que ha existido pago por el servicios… insisto en que cada una de las 41 denuncias llevan un esfuerzo detrás brutal por parte de los funcionarios. Además, cualquier defecto en la tramitación les permite escabullirse y no hay sanción. En lo que más hincapié hacemos es en intentar que la gente vea que si quiere hacer un transporte irregular va a tener que ir con mucho cuidado porque le podemos pillar.

Trabajan en nuevas estrategias contra los taxis pirata. ¿Puede avanzar algo?
—Las nuevas estrategias se basan sobre todo en colaboración entre administraciones y en trabajar en vías que no habían sido exploradas. No puedo avanzar nada porque todavía no las tenemos totalmente definidas, pero, por ejemplo, uno de los grandes problemas está en la difusión de estos servicios en los grupos de Whatsapp y sobre esa línea vamos a intentar trabajar para poder usarlos. También estamos en contacto con otras administraciones para ver otras vías. El transporte ilegal es un problema a nivel insular, se trata de un tema que tiene tantas aristas que afecta a toda la economía de la isla. Las administraciones tienen mucha fuerza si trabajan de forma conjunta.

¿Hay otras zonas de España en las que se pueda fijar el Consell para atajar este problema?
—En Málaga o Estepona se da también este problema, pero no es el nivel que hay en Ibiza. Ibiza es una caso muy particular de este problema.

Unos de los problemas para requisar los coches de estos transportes era la falta de espacio, algo que se ha solucionado con un nuevo retén, ¿queda sitio para el año que viene?
—Nos ha sorprendido que en una visita que hicimos esta semana pudimos comprobar que solo queda un vehículo allí. La gente ha ido a recoger sus vehículos y por tanto ha pagado las multas. Este año nos hemos esforzado mucho en el tema de VTC deslocalizada. A esas empresas les interesa sacar el vehículo porque tiene un coste de 60.000 u 80.000 euros. El retén ha funcionado muy bien. La Guardia Civil está muy contenta porque antes casi no podía retener por esa falta de espacio. El año que viene será más necesario que nunca porque desde octubre una VTC deslocalizada que excede el tiempo de actividad se arriesga a que le retengan el vehículo haciendo bajar a los clientes que deberán buscar un transporte legal. Espero que no vengan tantos porque ya ha habido algunos a quejarse de que somos muy exigentes. Yo les digo que lo que hacemos es cumplir la ley.

¿Cuándo se inician los dispositivos de control de transporte?
—Nosotros ya estamos actuando todo el año. La reciente multa de 77.000 se hizo ya en época de invierno en las labores de pedir facturación a las empresas. No nos quedamos solo en el trabajo de verano, controlamos la facturación de las empresas gracias al listado de vehículos que en muchos casos nos proporcionan los taxistas. Con ello detectamos que un vehículo ha hecho más servicios de los que puede hacer y si no colaboran les sancionamos por no colaborar con la administración.

Sin duda, tendríamos menos transporte ilegal si se mejorase la red de transporte. ¿Cómo va el nuevo plan insular?
—Se presentaron alegaciones tras la aprobación inicial y ya están casi todas resueltas. Se van a incorporar las que hemos aceptado y ya está el borrador para tener listo cuanto antes el texto para su aprobación definitiva. También estamos trabajando con Vila en un convenio con ellos y en podremos iniciar la licitación en los próximos meses.

¿Qué fecha calculan para ver circular los nuevos autobuses?
—Calculamos que pueda estar en marcha el nuevo servicio a lo largo de 2023. Es el plazo previsto. Pero todo depende mucho de si hay o no alegaciones en el proceso de licitación. Si hay alegaciones ante el Tribunal Económico Administrativo y lo para ya se nos escapan de las manos los plazos. La esperanza es que todo esté en 2023 y estamos trabajando con todos los medios a nuestro alcance. Por ganas y trabajo estará a tiempo, si hay otros factores ya no dependerá de nosotros.

Como concejal de Vila, ¿qué opina del conflicto que existe entre el sector del taxi y el Ayuntamiento?
—Yo siempre he creído que antes de llegar a imponer hay que agotar las vías de negociación. Sé que ha habido diálogo entre el sector del taxi y el Ayuntamiento de Ibiza y es verdad que existe un problema en la isla porque hay conductores que están muchas horas al volante. Pero yo a lo mejor hubiera apostado por otro tipo de herramientas como puede ser la colaboración con la Inspección de Trabajo. Dicho esto, el Ayuntamiento puede regular los taxis, puede pararlos si considera que es un modo de mejorar este servicio. El problema puede estar en cómo se justifica; si dices que lo haces para que el conductor descanse o haga menos horas para eso está la legislación laboral. Si los paras por otro tema, para mejorar el servicio, se puede. Lo importante es que se sienten a negociar, que lleguen a un acuerdo. El sector del taxi parece que piensa que se quieren meter en su terreno, pero deben entender que ofrecen un servicio público y es obligación del concejal de Movilidad regular cómo funciona el servicio. Hay horarios muy deficientes y si el sector del taxi no se moderniza tendrá problemas en el futuro; deben trabajar conjuntamente con las administraciones para mejorar, pero hay que quitar los egos de en medio y sentarse a negociar.