Varios jubilados, reunidos por la mañana en el Parque de la Paz. | Daniel Espinosa

Los jubilados de Ibiza no terminan de estar todo lo contentos que supuestamente deberían con la subida del 2,5 % en las pensiones aprobada por el Gobierno. Según informó la portavoz de la Coordinadora Balear en Defensa de las Pensiones Públicas, Graciela Masiano, como el Índice de Precios al Consumo (IPC) real en diciembre fue del 6,7 %, lo que sucede, en realidad, es que se está perdiendo más de un 4 % de poder adquisitivo.

En su opinión, «si se tratara de una pensión normal, con la que más o menos se pudiera vivir, no afectaría tanto, pero, con subsidios de 400 o 600 euros, eso no le soluciona nada a la gente». Por ello, Masiano volvió a solicitar equiparar la pensión al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que está ahora mismo en 965 euros repartidos en 14 pagas y que, por ende, pidió incrementar hasta los 1.084 euros. «Yo creo que el 90 % de los jubilados aceptaría esta postura», explicó la portavoz de la Coordinadora Balear en Defensa de las Pensiones Públicas.

Los jubilados que encontró Periódico de Ibiza y Formentera en el Parque de la Paz a media mañana parecían coincidir con la opinión de Masiano. Por ejemplo, Constantino Larroda aseguró que, «como mínimo», las pensiones deberían subir lo mismo que el IPC para no perder poder adquisitivo, que es «lo justo y necesario», y, de ahí arriba, «lo que quieran».

Larroda se atrevió a proponer a los pensionistas montar «un partido parecido al de la España Vaciada», al estilo de Teruel Existe o ¡Soria Ya!, debido a que podría contar con unos diez millones de votos en todo el país que harían de este colectivo un actor importante en las próximas elecciones generales. De todas formas, este jubilado ofreció al Gobierno una solución «fácil» para arreglar el problema de las pensiones: «Que desmonte los chiringuitos, que aquí no tenemos democracia, sino partitocracia».
Para Carlos Soria, «cualquier subida es mejor que nada». No obstante, aseguró que lo que le parecía «mal» es que, frente a los 40 euros de incremento de la pensión, otros productos como la gasolina, la luz y el butano suben «hasta 200 euros» y, al final, los jubilados habrán «perdido dinero».

Mientras tanto, Pedro Jiménez aceptó como válida la subida de la pensión, aunque le parecía «un poco baja». Como sus compañeros, opinó que, «ya que ha aumentado tanto el IPC, las pensiones tendrían que ponerse a esa altura». Es decir, que, para este ciudadano, «están dando gato por liebre». Según Jiménez, «imaginando que uno gana 700 euros, te sube dos o tres euros al cabo del mes y en todo el año habrá subido 40 euros o menos, mientras que los productos incrementan su precio el doble o más». Así, este jubilado considera que la medida, en tanto no se iguale al IPC, es «una porquería».
Muy cerca, Juan Antonio Avilés afirmó que «nunca hay bastante, pero, dentro de lo malo, está bien», aunque también él cree que las pensiones deberían subir como el IPC para ser verdaderamente justas, ya que «son muchos gastos». «No vale de nada si te dan esto y luego te suben lo demás por las nubes, porque te quedas igual», protestó Avilés, quien, de hecho, ve a la gente «peor que antes».

Por su parte, Emilio López aseguró que «habría sido mejor si hubieran subido más», hasta el punto de que, en vez de este aumento, habría preferido que las pensiones y el precio de la vida se hubieran mantenido constantes. «A mí, me han subido 18 o19 euros y lo demás, una barbaridad», lamentó Avilés. Por poner un ejemplo, añadió, si alguien pasaba antes el mes con 1.000 euros, «ahora hacen falta 1.200».

Por último, Antonio Moreno se declaró impotente ante la nueva medida, debido a que, con un aumento de «20 o 25 euros al mes» y el incremento del precio del combustible, entre otras cosas, los jubilados se quedan igual que estaban antes.

Desde Mariano Rajoy
Masiano recordó que los movimientos de los jubilados comenzaron en 2013 contra el Gobierno de Mariano Rajoy, quien planteó una revalorización de las pensiones de un 0,25 %. En aquel momento –dijo–, ese 0,25 % «no servía de nada» pese a que los precios se mantenían. Ello llevó al movimiento a organizarse y crecer en muchas comunidades autónomas, especialmente en el País Vasco, donde tiene una gran fuerza y se sigue reuniendo todos los lunes a las 12.00 horas. «Son muy constantes y tienen audiencia», apuntó.

Por otro lado, Masiano consideró «una vergüenza» lo que sucede con la pensión de viudedad, escasa y que, en ocasiones, no llega a los 700 euros.

Del mismo modo, criticó la todavía existente «brecha de género», ya que, aún en muchos sitios, «se cobra menos si se es mujer que si se es hombre por haber desempeñado un mismo trabajo durante toda la vida». En este sentido, recordó que esta reivindicación también formó parte de sus reclamaciones el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra cada 25 de noviembre desde el año 2018.

Finalmente, otra de las reivindicaciones del movimiento pensionista tiene que ver con la llamada hucha de las pensiones, que –dijo la portavoz de la Coordinadora– «se fue usando para otros gastos que no correspondían» y no estrictamente aquellos de carácter social. «Ahora que se ha vaciado completamente nos quieren castigar por ello», concluyó Masiano su exposición.

EL APUNTE

Sin demasiada fe en la próxima concentración

El próximo día 12 de febrero, los pensionistas de Ibiza están convocados a una concentración, a mediodía, en el Parque de la Paz en la que tratarán de recoger firmas para las reivindicaciones sobre las pensiones, el SMI, la brecha de género o el IPC. «Cuatro o cinco reivindicaciones muy potentes», expresó la portavoz de la Coordinadora Balear en Defensa de las Pensiones Públicas. Sin embargo, Masiano no tiene demasiadas expectativas puestas en este acto, pues, en la concentración que la plataforma realizó el pasado día 18 de diciembre para recoger firmas que presentar ante el Congreso de los Diputados, la respuesta de los pensionistas fue bastante tibia. «Iba a hablar con los jubilados para que vinieran a firmar y me contestaban que no querían firmar porque les iban a dar una paguita de 232 euros que, igual, les quitaban si aparecían sus nombres entre los firmantes», lamentó Masiano.