«Ibiza no es un destino atractivo para los funcionarios del Estado»

—¿Hay algún otro lugar en España donde los funcionarios del Estado tengan los problemas que tienen en Ibiza y Formentera?
—Hay funcionarios en otras zonas que están pasando problemas peculiares, como puede ser la especial conflictividad y el acoso que están sufriendo en Cataluña y en el Campo de Gibraltar. Pero los problemas de vivienda, de arraigo y de movilidad que tiene aquí no los tienen en otro lugar. Por eso se necesita el complemento de insularidad. Para un funcionario, venir destinado a Ibiza es difícil porque es imposible estar aquí. Las viviendas tienen un precio de alquiler altísimo y esto dificulta que venga un policía recién jurado o un funcionario de prisiones. Son gente que cobra unos 1.400 euros al mes y tienen que estar en pisos compartidos. Ellos mismos lo llaman camas calientes. En una habitación conviven dos funcionarios, que se van rotando según los turnos que tengan. El problema habitacional es gravísimo y solo se da en Ibiza y Formentera.

—Usted ha denunciado también que hay falta de plantillas, de material…
—Efectivamente. La falta plantillas es tremenda. Los cuerpos y fuerzas de seguridad en Baleares están a un 65%. Y en verano, que es cuando aquí se duplica la población por el turismo, en lugar de aumentar las plantillas, se reducen porque muchos de los agentes cogen vacaciones. Es un problema gravísimo. A esto se une la permanencia. Como los funcionarios se van, los casos que llevan pasan a otros que acaban de llegar y que desconocen todo. Faltan tanto guardias civiles como policías nacionales en Baleares. La plantilla está muy mermada. En Formentera, por ejemplo, solo hay 20 agentes de la Guardia Civil y para patrullar solo pueden hacerlo dos. Así es casi imposible que puedan prestar un buen servicio. Y, en cuanto a la falta de medios, en Formentera no tienen alcoholímetros y aquí el 50% de las plantillas carece de chalecos de protección individual.

—¿Por qué cree que sucede esto?
—Estamos viendo un desmantelamiento de las instituciones del Estado. Parece que el Estado, cuya presencia aquí se ve en las fuerzas y cuerpos de seguridad, se quiere ir de estas islas. Los funcionarios están abandonados. Ahí está el ejemplo de las viviendas que se tenían que construir para ellos en el solar de la antigua comisaría. En junio, que es cuando la vivienda en Ibiza está más alta que nunca, los funcionarios que lleguen en prácticas no tendrán ese recurso. La consecuencia de esto es que, al final, aquí vienen los funcionarios con la puntuación más baja. La gente no quiere venir porque no es un destino atractivo para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tendría que ser al revés. Es gente joven que inicia su vida y les encajaría su vida, pero el nivel de vida no se lo permite.

—¿A qué achaca usted esta actitud del Gobierno central hacia sus propios funcionarios en estas islas?
—Es una zona periférica y la van abandonando. En 2018 el PP era consciente de este problema y a los funcionarios de Interior les dio una productividad por destino. Eran unos 255 euros brutos. Se hizo porque ya se veía la carencia de vida y teniendo en cuenta que en Canarias se están pagando pluses por territorialidad y por insularidad. Pero después el Gobierno del PSOE lo dejó de pagar. Solo lo cobraron en 2018. Es totalmente injusto que no se pague el destino de estos funcionarios en Baleares porque también son islas y durante el verano los funcionarios tienen complicaciones. A mí me escribió un funcionario el año pasado explicándome que estaba durmiendo en el coche porque no había encontrado vivienda.

—La reivindicación del plus de insularidad lleva años sobre la mesa y los gobiernos del PP tampoco la resolvieron.
—Piense que nosotros teníamos primero el compromiso de la equiparación salarial de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con las policías autonómicas. Se hizo el convenio para dar respuesta a esta reclamación que era a nivel nacional.

—¿Cree que el Gobierno está haciendo la vista gorda con la llegada de pateras a estas islas, aun cuando esta va en aumento?
—Estas islas son un chollo para las mafias que trafican con seres humanos. Están viendo que esto se está controlando más en Canarias, que ahora van a poner en funcionamiento el SIVE de Lanzarote. Y lo que han hecho es venirse hacia Baleares. Lo hacen de una manera muy planificada porque el número de llegadas se ha multiplicado por dos. Entre enero y febrero de este año han llegado 2.018 inmigrantes a Baleares y el año pasado fueron en total 2.400. En Formentera el año pasado fueron 555. Las mafias mandan varias pateras para que pasen más desapercibidas. Mientras detienes a una van pasando las demás. Es un tráfico que está muy planificado.

—Es un problema que no tiene fácil solución y menos si el Estado no pone los medios.
—Claro. Si tienes métodos de detección, Salvamento Marítimo puede actuar inmediatamente. Pero en Formentera, por ejemplo, piense que cuando llega una patera están actuando dos guardias civiles y voluntarios. Se han producido situaciones gravísimas porque en plena pandemia han metido a estos inmigrantes en barcos con pasajeros y sin haberles hecho la prueba porque se la harían en Ibiza. En Navidades esto tuvo como consecuencia que la mitad del cuartel de Formentera, por un motín con inmigrantes en el que actuaron sin medios de protección, se contagiara de COVID-19.

—Para acabar, ¿será Núñez Feijóo el presidente del PP o habrá sorpresas?
—Él es un gran presidente que en Galicia ha conseguido cuatro mayorías absolutas. Eso es algo impensable en este momento en España. Ha dado mucha estabilidad a Galicia. Él tiene que tomar la decisión pero, si decide dar el paso, será un gran presidente.