Imagen de la casa okupada en Sant Mateu.

Imagen de la casa okupada en Sant Mateu.

José M. de LamoSant Antoni05/03/22 3:59
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La Policía Local de Sant Antoni volverá a personarse a lo largo de la jornada de este sábado en la casa ‘Can Miquel de Pareta’, en Sant Mateu, para apercibir a las personas que la okupan de que, en caso de que no cumplan el plazo que se les ha dado para desalojar voluntariamente la vivienda, el Ayuntamiento procederá a la ejecución subsidiaria del acuerdo de recuperación de oficio, previa autorización judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y artículo 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.

Agentes del cuerpo policial de Portmany habían ya acudido el pasado miércoles a la propiedad y habían emitido un informe de que las personas que ocupan la casa no la habían desalojado.

Merced a este informe, el Consistorio inició este viernes el procedimiento de ejecución forzosa por el medio de ejecución subsidiaria para el cumplimiento del acuerdo de recuperación de oficio del inmueble.

Una vez transcurridas las 24 horas concedidas a los ocupantes de la vivienda desde la entrega de la notificación para su desalojo, el procedimiento determina que se debe volver a personar la policía para informar si se ha desalojado la vivienda y, posteriormente, continuar con los trámites judiciales pertinentes.

Aprobación plenaria

Hay que recordar que el pleno de Sant Antoni aprobó el pasado mes de febrero por unanimidad iniciar el proceso de recuperación administrativa del inmueble okupado. Las personas que usurparon la propiedad tenían tres días hábiles desde la notificación del acuerdo de pleno para desalojarla voluntariamente. Transcurrido dicho plazo, el Ayuntamiento procedería a ejecutarlo a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad, trasladando el coste de la medida a los desalojados.

La vivienda fue okupada ilegalmente el 20 de marzo de 2021 aprovechando que estaba vacía, según denunció a la Guardia Civil el propio concejal Joan Torres. Su propietario había fallecido y dejó en herencia el inmueble al Ayuntamiento. Sin embargo, en aquel momento todavía no se había producido la aceptación de la herencia.

Los informes de la Policía Local indican que en la vivienda se han celebrado varias fiestas clandestinas de las que se obtenía lucro y que provocaron quejas vecinales por las molestias de ruido que generaban.