El pleno del Consell d’Eivissa aprobó este viernes, por unanimidad y por la vía de urgencia, una modificación de crédito para la incorporación de una partida de 13,4 millones de euros para poner en marcha el plan de medidas urgentes destinado a paliar el desmesurado y constante incremento de precios por la guerra de Ucrania.
El conseller de Hacienda y Gestión Económica, Salvador Losa, destacó que este documento es fruto del consenso y de las reuniones mantenidas por el presidente de la institución, Vicent Marí, con ayuntamientos, la Mesa de Diálogo Social, representantes del sector primario y representantes del sector del Transporte de la isla, entre otros.
Del dinero previsto, 4,4 millones se destinarán a los ayuntamientos «para que apliquen rebajas a las tasas de basuras tanto a empresas como a particulares», lo que supondría una reducción este año de entre un 30 y un 40%.
Asimismo, se incrementará en 4,2 millones la aportación de la máxima institución de la isla a los Planes de Prestaciones Básicas de los consistorios y, también a través de los entes locales, se destinará 1,4 millones de euros a ayudar a las pequeñas y medianas empresas de Ibiza.
Sector primario
Al sector primario se le concederán ayudas por valor de 780.000 euros para paliar, en la medida de lo posible, el incremento del precio del combustible y, finalmente, el Consell aportará 2,4 millones para «el reequilibrio del transporte público». «Es un paquete urgente, valiente y rápido», aseguró Losa.
Por su parte el portavoz del Grupo Socialista, Vicent Torres, pese a votar a favor de las medidas, criticó que «con las prisas, no han sabido consensuar ni valorar las necesidades de la ciudadanía». Torres justificó su voto favorable porque «no es el momento de remar contracorriente, como hace su partido en Baleares y España».
Asimismo, el portavoz de los socialistas indicó que la máxima institución «ni siquiera ha tenido en cuenta las propuestas que le hicieron los ayuntamientos» en las reuniones previas, como bonificaciones a servicios insulares como las escoletas o el transporte público.
También criticó que a los populares se les llene la boca con las palabras «bajada de impuestos» cuando se refieren a Madrid o a Mallorca, cuando parte de los ingresos de la institución provienen justamente de estos tributos.
En este sentido, Losa recordó al principal grupo de la oposición que «los impuestos salen del bolsillo de todos los ciudadanos», y que si se pueden llevar a cabo políticas como el plan de medidas urgentes «es porque muchas instituciones de todos los colores políticos luchamos para que el Gobierno de Pedro Sánchez no se quedara con los remanentes de tesorería».
Insistió en que todas las propuestas planteadas «han sido consensuadas» y, si hay más medidas que tomar, «las valoraremos y las pondremos en marcha».
Desde el Grupo Ciudadanos su portavoz, Javier Torres, criticó que «inflar a impuestos a colectivos y empresas» como hace el Gobierno central «para después tener que subvencionarlos no creo que sea lo ideal».
El plan de medidas urgentes estará ahora en exposición pública 15 días.
Aprobado inicialmente el Reglamento de Cartera de Servicios Sociales
El pleno insular aprobó este viernes inicialmente, y por unanimidad, el Reglamento de Cartera de Servicios Sociales, algo a lo que obliga la legislación balear.
La consellera del ramo, Carolina Escandell, señaló que se trata de «un documento vivo que irá evolucionando con el tiempo» y que se trata de «un punto de partida para ordenar y reglamentar, dando un contexto de seguridad jurídica y técnica a todos los servicios de atención social a las personas», además de poder concertar aquellos servicios «susceptibles de serlo».
Desde el Grupo Unidas Podemos su portavoz, Antonio Salcedo, criticó que el reglamento «llega con tres años de retraso» y que es «prácticamente igual» al elaborado en la pasada legislatura y que al final no salió adelante».
Víctor Torres, del Grupo PSOE, calificó la Cartera de servicios de «poco ambiciosa» y adelantó que presentarían alegaciones.
Carolina Escandell recordó que e Reglamento elaborado la pasada legislatura «no tenía ningún informe favorable» y el portavoz de Ciudadanos, Javier Torres, fue más allá y acusó a Unidas Podemos de haber hecho en la pasada legislatura una política «irresponsable e incompetente en materia de Bienestar Social».
Finalmente el reglamento se aprobó por unanimidad.
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