La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Islas Baleares considera que hay que exigir «responsabilidades disciplinarias a la señora Lydia Jurado», consellera de Bienestar Social del Consell d’Eivissa entre los años 2015 y 2019, «como titular del órgano que ha procedido a la contratación irregular» de la asociación Amadiba.
Así se desprende del informe elaborado por este organismo en abril de 2021, tras recibir una denuncia anónima sobre las actuaciones realizadas por el departamento de Bienestar Social «con el fin de otorgar a la Asociación de Madres y Padres de Personas con Discapacidad (Amadiba) una posición de exclusividad en relación con otras entidades privadas sin ánimo de lucro, a fin de hacer a esta última adjudicataria de una serie de contratos de manera directa y la de intentar crear una cartera de servicios sociales del Consell d’Eivissa conforme a una hoja de ruta diseñada por la misma asociación».
En las conclusiones de la Oficina Anticorrupción se destaca también «la exigencia de responsabilidades a la señora Jurado por el incumplimiento del expediente de gestión económicofinanciero» de la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Posible delito
Concluye a su vez que, aunque en un principio detectó un «posible delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal», tras analizar las alegaciones presentadas por la exconsellera de Podemos «aunque se cumple con dos de los requisitos establecidos en el artículo 404 del Código Penal (sujeto y objeto), la posible actuación contraria a derecho de la señora Jurado considera la Oficina que carece de la comisión dolosa», tal como exige la Jurisprudencia.
Todo este asunto nació en abril de 2016, cuando una representación de Amadiba fue recibida por el presidente del Consell, en aquellos momentos el socialista Vicent Torres, acompañado por la consellera de Bienestar Social, Lydia Jurado, y la directora insular de Igualdad, Judith Romero, ambas de Podemos.
En esa reunión, desde Amadiba se propuso formalmente la creación de una red de servicios en Ibiza que cubriera las 24 horas de atención para personas con discapacidad intelectual y que tuviera una financiación suficiente y estable a través de la concertación social, tal y como se llevaba a cabo en el Consell de Mallorca.
Al parecer, el presidente accedió a la creación de estos servicios por parte de Amadiba y añadió que el dinero no sería ningún problema. A continuación, encargó a Lydia Jurado que hiciera «todo lo que tuviese que hacer y que pusiera todos los medios para ejecutar el acuerdo alcanzado con Amadiba para la creación de la red propuesta», según explicaba la propia asociación. En esta misma conversación, Torres dictaminó que se cediera alguna infraestructura del Consell a la entidad.
Todo esto derivó en la elaboración de dos expedientes de contratación. El primero de ellos, de servicio de residencia y centro de día para personas con discapacidad gravemente afectadas con problemas de conducta, se inició en septiembre de 2017 por el procedimiento de contratación negociado sin publicidad. El segundo se inició en 2018 por el mismo procedimiento.
De estos dos contratos, indica Anticorrupción, «no consta adjudicación ni su formalización» en toda la documentación aportada. De hecho, se pone de manifiesto que «la contratación fue verbal», algo que prohibe expresamente el artículo 37.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. También considera que se ha producido un «fraccionamiento ilícito de los contratos» con el fin de «eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan».
De hecho, señala que ambos contratos está firmados por Jurado en representación del Consell con la única finalidad de poder realizar el pago de las facturas «convalidadas por el procedimiento de reconocimiento extrajudicial de deuda por omisión de la fiscalización preceptiva previa».
3 comentarios
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Y esperabais otra cosa por parte de PSOE ???
"no se daba la urgencia para realizar esta contratación, ya que decía que surgía por la solicitud de unos padres que tenían a un menor en el centro de Amadiba en Palma" y "existe un informe del jefe de sección de Menores del Consell que indica que el menor está bien integrado en el centro de Palma y que sería perjudicial su traslado" La conclusión es ciertamente ironica . Tan dificil es de entender que esta familia, quisiera tener "ingresado" a su hijo en Ibiza, que para ellos desplazarse a Palma para verle suponía un gasto économico y un desgaste emocional inasumible??
¿ «responsabilidades disciplinarias» ? Que lo envíen a la Fiscalía Anticorrupción