El conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, ha defendido este martes que, «sin ningún tipo de duda», el Govern balear es la administración que más ha trabajado y trabaja para solventar los episodios de vertidos fecales que se producen en Sa Llavanera, en Ibiza.

Según Mir, el Ejecutivo asume las responsabilidades y competencias que le corresponden, ha declarado durante el pleno del Parlament para contestar a la diputada del PP, Tania Marí, quien le ha preguntado si el Govern va a asumir responsabilidades por estos vertidos fecales.

Marí ha recordado cómo el pasado año su compañera de formación, la diputada Virginia Marí ya le reclamó soluciones para acabar con la «piscina fecal» que se produce en la zona. Entonces, el conseller anunció las inversiones necesarias para solventar el problema, aunque «en los últimos meses hemos comprobado que las inversiones no han llegado porque siguen las deficiencias».

La diputada ha explicado en su intervención que, sobre este tema, hay «administraciones que se esconden», tal como ha opinado que hizo el alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, cuando hace días aseguró que había abierto un expediente a Abaqua, aunque finalmente solo era una petición de información.

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También ha pedido al conseller que «presione» a la concesionaria para que se acaben las obras pendientes y la depuradora de Ibiza «funcione mínimamente».

Mir ha contestado expresando su empatía hacia los vecinos que sufren los efectos de los vertidos y ha defendido la actuación de Abaqua cuando se han registrado estas incidencias.

También ha destacado la inversión de hasta 3 millones de euros para garantizar un mejor funcionamiento de la depuradora. Sobre ella, ha reconocido que es una de las instalaciones de Baleares que no cumple con los parámetros de depuración de aguas.

«La mitad del caudal de las aguas que entran a esta depuradora por parte de las redes de alcantarillado de los ayuntamientos conectados no cumple y es uno de los elementos que pone en peligro el funcionamiento de la depuradora», ha concluido.

Ante ello, la corresponsabilidad entre las administraciones con competencias es la solución definitiva a este problema, ha concluido Mir.