«Solo queremos que nuestro hijo tenga las mismas oportunidades que el resto»

Por ello, mañana a las 19.00 horas estarán en el auditorio de Caló de s’Oli de Cala de Bou para recibir el premio honorífico en la primera edición de los Ibiza Inclusion Awards. «Nosotros nunca hemos pretendido ser mejor ni peor que nadie simplemente que nuestro hijo Rubén con Síndrome de Down tuviera las mismas oportunidades que mi otro hijo y que el resto de personas de nuestra sociedad», aseguró ayer un emocionado Alejandro, padre de Rubén, a Periódico de Ibiza y Formentera.

Actualmente lo han conseguido ya que el joven realizó un curso de FP básica adaptada en la entidad leonesa Down León Amidown y desde junio de 2021 trabaja como auxiliar administrativo en una asociación de Alzhéimer donde es la única persona contratada y donde es muy querido y valorado por sus compañeros.

Problemas en el colegio

Lo suyo ha sido un maratón prácticamente interminable que se ha prolongado más de una década. Todo comenzó en 2009 cuando Rubén, que actualmente tiene 22 años, vio como su tutor de 4º de Primaria no quiso que siguiera yendo a clase con sus compañeros en el Colegio Público ordinario Antonio González de Lama de León. «Fue muy sorprendente porque nuestro hijo había estado en este centro desde 2º de Infantil sin ningún problema, siendo muy querido entre sus compañeros y la comunidad educativa, y desde ahí comenzaron una serie de problemas que afectaron mucho a Rubén porque él no quería ir a un centro de Educación Especial».

De hecho, según testificaron dos madres de sus compañeros de clase, «el profesor desde el comienzo del curso sometió a situaciones de abandono y maltrato al pequeño Rubén que por aquel entonces tenía 10 años, llegando incluso a cogerle del cuello, y a amenazarle con tirarle por una ventana o golpearle con una silla, llegando a acusarle de insociable y peligroso». Incluso, según aseguró Alejandro Calleja, «una profesora llegó a darle varias bofetadas».

Una situación que se agravó al curso siguiente cuando el nuevo tutor «ya no consideró necesario que contara con la ayuda de la Asistente Técnico Educativa» hasta que la queja de sus progenitores consiguió que esto mejorara «aunque sin el apoyo de la comunidad educativa». Los siguientes meses se sucedieron los acontecimientos ya que los padres presentaron una queja ante la Dirección Provincial de Educación de León por el abandono y la desatención de Rubén, la trabajadora social recomendó cambiarlo de centro de similares características, «nunca uno de Educación Especial», y en diciembre y marzo se emitieron dos dictámenes de escolarización sin permiso paterno en los que, según Calleja, «se hablaba de comportamiento perturbador, brotes psicóticos y un retraso evolutivo general asociado al Síndrome de Down, proponiendo su escolarización en un centro de Educación Especial». Algo que según el padre quedó en nada «porque no tomaba en cuenta los malos tratos y abandono sufridos por Rubén y se aseguraba que el trato del profesorado hacia el niño era bueno».

Largo periplo judicial

El largo periplo judicial de la familia Calleja comenzó en 2011 cuando denunciaron ante la Fiscalía de menores de León «el maltrato y la discriminación sufridos por Rubén en los dos cursos anteriores» sin que tuvieran éxito al ser archivada.

Un varapalo que vino acompañado con el comunicado que les anunció en junio que su hijo iba a ser matriculado en el Centro Educativo Especial Nuestra Señora del Sagrado Corazón de León, a lo que ellos se negaron presentando un recurso «por el procedimiento especial de derechos fundamentales» ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de León para impugnar la decisión de la Dirección Provincial de Educación.

No prosperó y por ello los padres decidieron no escolarizarlo siendo el comienzo de un periplo de siete años en los que ellos mismos cubrieron las necesidades educativas de Rubén «gracias a profesores de apoyo» y en los que acumularon las malas noticias.

En 2012 su recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se desestimó; un año después fue el Tribunal Constitucional el que no admitió a trámite el recurso de amparo y en 2014 la Fiscalía Provincial de León presentó una denuncia en contra de la decisión de los padres de no escolarizarlo alegando que «era constitutiva de un delito penal de abandono de familia» y por la que tuvieron que depositar una fianza aunque un año después se les absolvió. Incluso, ese mismo año llevaron el caso ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo, también sin éxito, al ser declarada la demanda «inadmisible por una decisión en formación de juez único».

Dictamen de la ONU

Sin embargo, cuando todo parecía perdido en septiembre de 2020 llegó la mejor noticia posible, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, cuyos dictámenes son de obligado cumplimiento para el Gobierno de España, «concluyó que nuestro país había violado los derechos de Rubén a una educación inclusiva y a no ser discriminado».

«Fue increíble porque suponía el resultado a muchos años de lucha por la igualdad de derechos siempre con la esperanza de que ganaríamos porque estamos convencidos de que llevamos la razón» aseguró Alejandro mientras confirmaba que «esto puede ayudar a muchos más padres y chicos y chicas como Rubén porque supone un antes y un después en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual en nuestro país».

No en vano, el dictamen es sumamente contundente acusando al Gobierno de España «de incumplir sus obligaciones respecto al derecho a la educación inclusiva, el respeto al hogar y a la familia, la protección de la integridad personal, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y en el acceso a la justicia y a garantizar que los niños y niñas con diversidad funcional disfruten de sus derechos».

Además, tal y como confirmó Alejandro Calleja, entre otras cosas, «se obligó a proporcionar a la familia una reparación efectiva, incluyendo el reembolso de costas judiciales y los daños emocionales y psicológicos por el trato recibido; a que Rubén sea incluido en un programa de formación profesional inclusivo de acuerdo con él y con sus padres, y a reconocer públicamente la violación del derecho del chico a una educación inclusiva y a una vida libre de violencia y discriminación y la de los derechos de sus padres al haber sido acusados penalmente de manera indebida por el delito de abandono del menor».