Imagen donde está previsto el  hospital privado de Jesús.

El Comité de Derechos y Garantías del PP balear estudiará la petición del empresario ibicenco Francisco Vilàs de inhabilitación de la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, tras su implicación en un presunto delito de prevaricación que será juzgado en Ibiza el próximo día 20.

Vilàs solicitó en febrero al partido a nivel nacional el cese de Ferrer tras conocerse que la Justicia había admitido a trámite la querella presentada por él mismo contra la alcaldesa y la formación ha remitido el caso al PP balear.

El origen

El origen de la disputa está en la querella presentada por Vilàs contra el Ayuntamiento de Santa Eulària por la tramitación del proyecto de construcción de un nuevo hospital privado en Jesús por parte de la empresa Iniciativas Médicas de Ibiza y Formentera SL. El propietario del Grupo Policlínica, cuyo buque insignia es el hospital de Nuestra Señora del Rosario, acusó a la alcaldesa de presunta prevaricación. Acusación que ha sido admitida a trámite por la Justicia y que llevó a Vilàs a solicitar en una carta dirigida a la formación entonces presidida por Pablo Casado la suspensión de la primera edil basándose en la «aplicación de los Estatutos del 16º Congreso» del partido, según recoge el empresario en su misiva. En la misma Vilàs recordaba que estos estatutos establecen que a los cargos del PP se les debe exigir «máxima ejemplaridad», así como abstenerse de «cualquier conducta que pueda dañar la imagen y honorabilidad de la organización a nivel nacional».

Dado que la querella fue admitida a trámite, Vilàs exigió a Ferrer su dimisión «en aras a los principios de integridad, ejemplaridad y honradez». Si ella no tomara esta decisión, el empresario solicitaba que fuera el partido el que se lo pidiera «dada la admisión de la querella por presunta prevaricación urbanística».

En este escenario, Francisco Vilàs pidió al partido abrir un procedimiento informativo y disciplinario contra Ferrer. Petición a la que ahora la formación ha respondido remitiéndose al PP de Baleares, que tendrá que dirimir si, como dice el empresario ibicenco, la alcaldesa de Santa Eulària está dañando «la imagen» de los populares y la del propio Ayuntamiento.

Vilàs apuntó en su escrito a la posibilidad de que el PP suspendiera de funciones «temporalmente» a Ferrer, algo que definió como «una forma congruente y ajustada a Derecho para avanzar en las medidas de regeneración democrática que propicia» esta formación.

En su escrito, Vilàs recordaba que el comité nacional del PP «está obligado a dar una respuesta proporcionada ante el daño que representa la corrupción política». Algo que, añadió en su misiva, se considera «una forma adecuada para propiciar la revitalización del sentido de la política en nuestro país». «De lo contrario», advirtió Vilàs, «el partido estaría procediendo contra sus propios actos, al propiciar la lucha sin fisuras contra la corrupción urbanística y, por ende, la política».

El PP de Ibiza, por su parte, mostró ayer su total apoyo a la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer. La formación dijo estar convencida de su «rectitud» y su «honorabilidad». «Los conflictos entre privados», concluyó el partido, «deberían resolverse entre privados sin mezclar ni utilizar a nadie más y menos a las instituciones, que actúan con presunción de legalidad».