Fragmentos quemados del yate Aria SF, este miércoles en la playa de s'Estanyol.

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«Entre unos días y varias semanas». Este es el lapso de tiempo que calcula Capitanía Marítima de Ibiza y Formentera que se tardará en finalizar las labores de descontaminación y extracción de los restos del lujoso yate Aria SF, valorado en más de 20 millones de euros.

El capitán marítimo, Luis Gascón, aseguró que la prioridad en estos momentos es «sacar todos los restos del pecio que puedan supone una contaminación», entre ellos el aceite hidráulico que pueda haber en pequeños tanques de la embarcación, así como en el timón. Estas labores se están llevando a cabo con una tecnología puntera que se denomina hot tapping, y que consiste básicamente en la succión controlada de estos líquidos mediante un tubo hacia la superficie, para posteriormente trasladarlos a un gestor de residuos autorizado en tierra.

Gascón indicó a su vez que se está encargando de estas labores de extracción de contaminantes «una empresa puntera a nivel nacional», y que una vez que finalice su trabajo «se procederá al reflotamiento del barco con maquinaria pesada para trasladarlo a un astillero de la Península que proceda a su desguace». Y es que, según destacó, la propiedad de la embarcación «está obligada, a instancias de la autoridad marítima», en este caso el propio Capitán Marítimo de Ibiza y Formentera, «a retirarlo».

Siguen las labores de contención de los contaminantes.

Luis Gascón subrayó a su vez que no se puede calcular el tiempo que durarán estos trabajos, ya que pueden ir de unos días a varias semanas. «No es tan fácil posicionar esta maquinaria pesada», insistió. «A lo mejor tiene que desplazar desde Holanda una pontona flotante y eso requiere su tiempo, pero todo está en marcha», sentenció.

Desde la Conselleria de Medio Ambiente del Govern balear han confirmado este miércoles a Periódico de Ibiza y Formentera que desde el martes «estamos colaborando con las dos embarcaciones de playa del Servicio de limpieza del litoral para recoger los residuos que ha ido dejando el barco».

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Por su parte el Ayuntamiento de Santa Eulària ha manifestado este miércoles, a través de un comunicado, que pedirá explicaciones a los departamentos implicados en la emergencia del Aria SF (Delegación del Gobierno, Salvamento Marítimo y Capitanía Marítima) sobre los motivos por los que no se pudo evitar que la embarcación zozobrara frente a la costa del municipio, «a muy poca profundidad con el peligro que supone para unas aguas declaradas Zona de Especial Conservación y en las proximidades de zonas de baño».

En este sentido, la alcaldesa del municipio, Carmen Ferrer, recordó que están llegando elementos contaminantes a las costas de Santa Eulària y que «están siendo retirados por la contrata municipal de limpieza en los lugares en que es posible».

Contaminación

El presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, ha visitado este miércoles el área marítima afectada por el hundimiento del Aria SF y mostró su preocupación por los efectos que la contaminación producida por el yate pueda provocar en los fondos marinos. En este sentido, informó de que había remitido sendas misivas, tanto a la delegada del gobierno en Baleares como a la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación para que el Gobierno de España intensifique las labores de contención para prevenir la contaminación marina y del litoral.

Por su parte desde el Partido Popular de Ibiza manifestaron su «enorme preocupación por las consecuencias del yate Aria SF», especialmente por «los desprendimientos de residuos procedentes de la embarcación y el riesgo a un eventual vertido mayor de combustibles o aceites contaminantes».

Por ello, los populares exigieron al Ministerio de Transportes y al de Transición Ecológica que supervisen en todo momento las tareas de control y posterior reflotamiento de la embarcación siniestrada por parte de la empresa contratada por el armador para estos fines. Para el PP ibicenco, la presencia en el lugar de equipos especializados «es una responsabilidad de la administración competente, en este caso el Gobierno central, que no debe sustituirse por la contratación de una empresa privada por parte del armador». Según el diputado nacional, Miguel Jerez, «el Gobierno de España y el Govern deberían desarrollar un seguimiento constante en el lugar del siniestro».