Estado en que ha quedado el terreno tras el derribo de la edificación en forma de L.

El Ayuntamiento de Sant Josep ya ha procedido a embargar diferentes propiedades a la propietaria de Casa Lola y a realizar las pertinentes anotaciones en el Registro de la Propiedad con el fin de garantizarse el cobro de la demolición de las ilegalidades urbanísticas detectadas en la finca.

Según han explicado este jueves desde el Consistorio, una vez que finalicen los trabajos de demolición, algo que se prevé que sea en breve, se verá el coste final de las labores y, en caso de que no cubran el importe necesario, «se procederá al embargo de más propiedades». En caso de que la infractora no satisfaga el pago de motu propio, se ejecutarán dichos embargos. «Ya tenemos diferentes embargos de su propiedad y haremos una subasta pública de bienes», recalcó el alcalde del municipio, Ángel Luis Guerrero. «No es de recibo que, además de que hayan cometido la ilegalidad, nos toque pagar su restitución», apostilló el primer edil.

Y tal y como había anunciado el propio Guerrero cuando informó de la fecha de entrada en el complejo turístico ilegal Casa Lola para proceder a su demolición, «vendrán más». Y la siguiente finca en caer, también propiedad de Francisca Sánchez, será Casa Paola. En este sentido, el Ayuntamiento ya le ha instado a dar cumplimiento al expediente de disciplina urbanística que ordena el derribo de diversas construcciones levantadas sin la preceptiva licencia urbanística y que son ilegalizables por estar edificadas en suelo protegido.

Tres semanas

La propiedad tiene ahora un plazo de tres semanas para dar cumplimiento a la orden de derribo. En caso contrario, el Consistorio procederá a ejecutarlo de forma subsidiaria, al igual que ocurrió con Casa Lola. Una vez transcurrido este plazo, una comisión municipal visitará la finca para comprobar si se han ejecutado los trabajos. Si no se le facilita el acceso, se solicitará la autorización judicial de entrada para hacer la comprobación y derribar todo lo que se haya levantado sin licencia.

En el caso de Casa Paola, según el expediente de disciplina urbanística incoado en 2016, las construcciones que se tienen que derruir son un volumen de unos 170 metros cuadrados y cuatro metros de altura que tendría un uso residencial; un aljibe de unos 75 metros cuadrados; una piscina de 100 metros cuadrados y una construcción anexa de 150 metros cuadrados cuyo uso probablemente también sea residencia. A estos casi 500 metros cuadrados hay que sumarle la zona exterior rellenada con tierra y áridos para construir nuevos bancales.

Asimismo, y según se desprende del expediente de disciplina urbanística abierto por Sant Josep, durante la visita de los celadores a las obras ilegales se comprobó también cómo reiteradamente se fueron incumpliendo las órdenes de paralización emitidas por el Ayuntamiento, «hecho por el cual se consideró a la propietaria, Inversiones Hoteleras Faro, responsable de una infracción urbanística muy grave y se le ordenó la reposición de la vivienda a su estado anterior, además de advertirle de la apertura de un expediente sancionador por estos hechos».

El coste de este derribo se ha estimado en unos 105.000 euros, que se liquidarán provisionalmente por el Consistorio si finalmente tiene que asumir esta labor.

En cuanto a la demolición de Casa Lola, hasta la fecha ya se han derruido unos 2.600 metros cuadrados de construcciones ilegales, pavimentados, muros exteriores y vallas perimetrales, que suman un volumen de 6.700 metros cúbicos de restos de obra, y otros 320 metros cuadrados de piscinas que se han desmantelado. «Los trabajos están a punto de acabar», informaron los servicios municipales de Urbanismo.

El apunte
José María de Lamo

Tras Casa Lola y Casa Paola, la mansión de Doronin

José María de Lamo

Tras las intervenciones en Casa Lola y en Casa Paola, ambas de la misma propiedad, la siguiente en la lista del Ayuntamiento de Sant Josep para que se restablezca la legalidad urbanística es una mansión de Platges de Comte, propiedad del magnate ruso Vladislav Doronin. En este caso, la propiedad de la mansión pretendía la legalización de una serie de construcciones ejecutadas sobre la servidumbre de protección de la Ley de Costas «careciendo de licencia alguna, además de haberse excedido con creces de la licencia de obr