Aixa Torres, en la terraza cuyo uso le ha denegado la Demarcación de Costas. | Daniel Espinosa

Aixa Torres (Ibiza, 1984) se ha visto engullida por la vorágine de una asociación, la de los afectados por la Ley de Costas en Ibiza (AALCE) mientras trataba de encontrar una solución para su negocio. Ahora, además de por ella, va a luchar por un buen número más de afectados en una lucha contra la Demarcación de Costas que, a priori, se vislumbra cara y costosa.

—¿Cómo surge esta asociación?

—En un principio surge de mi experiencia personal. Mi familia tiene un negocio, unos apartamentos y un restaurante cafetería, desde el año 1972. Siempre hemos contado con todos los permisos tanto del Ayuntamiento de Ibiza como de la Demarcación de Costas, hasta el año pasado. La terraza en la que damos servicio a los clientes se construyó en 1970 con todos los permisos y todas las licencias. Nunca habíamos tenido ningún problema hasta hace dos años. El año pasado nos notificaron desde Costas que no nos daban la concesión para la terraza, que estaba caducada, y que no podíamos abrir, y que si lo hacíamos nos exponíamos a una multa. Fue algo duro porque salíamos de pandemia, queríamos ponernos a trabajar y nos encontramos con esto. De 16 personas que había en plantilla me quedé con dos fijos discontinuos.

Con todo este panorama, y como no soy una experta en el tema, acudí a un abogado, que recurrió la decisión de Costas, pero la Administración a día de hoy todavía no ha contestado. Se nos ha pasado todo el verano con el restaurante cerrado. Con este cambio del reglamento de la Ley de Costas las cosas serán todavía mucho más difíciles, por lo que, según los abogados, el único camino que queda es ir al Contencioso-Administrativo que es largo y caro.

Con todo este panorama que acabo de describir empecé a moverme, y me enteré de que vecinos de la zona estaban en igual o peor situación que yo. Entre otras cosas hay hoteles que tienen la piscina en dominio público, y    no sólo grandes cadenas, sino también pequeños hoteleros. Hay pequeños negocios que tienen su terraza, escuelas de buceo, de paddle surf… hay de todo.

Desde el año pasado Costas venía apretando a través de los celadores o bien a la gente que no tenía concesión o a los que no se la habían renovado, o prohibiendo a los propietarios hacer obras de mantenimiento y conservación o no dando autorizaciones temporales. Buscando soluciones a mi problema encontré una noticia en prensa sobre que un chico que estaba en una situación similar a la mía había creado una asociación. Hablando con él me comenta que la solución es unirse. En agosto me llamó mi abogada y me dijo que habían aprobado este reglamento y ahí ya nos alarmamos, porque si no nos habían contestado en dos año a absolutamente nada, con este reglamento que es más restrictivo la cosa iría a peor.

—Entonces Costas les estaba apretando incluso antes de la aprobación del nuevo reglamento.

- Sí. Por eso con la nueva normativa es previsible que empeore. Hablando con otra gente decidí ponerme en contacto con la Cámara de Comercio, que ya había constituido otras asociaciones, para tratar de darle algo de forma a todo. Una vez allí me dijeron que había bastantes hoteleros afectados, bares, chiringuitos y negocios en general, alrededor de 700 por el censo que ellos tienen. Ahora nos están ayudando a constituirla, ya que el papeleo es un poquito farragoso.

—¿Tiene claro el público en general la afección que puede tener la aplicación del reglamento de Costas en sus propiedades?

- No. Y a dar un poco de luz a este problema ha ayudado la mesa redonda organizada por la Cámara de Comercio, que en 2019 ya organizó una conferencia para explicar la renovación de las concesiones, las pocas que había otorgadas. Ya eran conocedores de este tema y reunieron a estos cuatro profesionales que vinieron esta semana a explicarnos un poco la incidencia del nuevo reglamento. Para mí fue un poco técnica la ponencia pero la esencia quedó clara. Para mí tiene bastante valor que cuatro expertos se pusieran de acuerdo en lo poco claro que era este cambio de reglamento. Lo que está claro es que el Estado quiere quedarse cada vez más terreno haciéndolo dominio público. Para mí lo peor es que con la entrada de este nuevo reglamento todos los procedimientos que están en curso en la actualidad ya pasan por esta nueva normativa. Si no nos han contestado, si en 32 años que lleva la Ley de Costas vigente han dado concesiones que se pueden contar con los dedos de una mano, ¿qué va a pasar ahora? El panorama es muy incierto.

Otra persona que puso algo de luz en este problema fue Jaume Perelló, el presidente de los afectados de Mallorca. Él vino a traer su experiencia en primera persona de lo que le ha pasado, y ahí la gente fue un poco más consciente de lo que va a ocurrir.

—A raíz de esta mesa redonda organizada por la Cámara de Comercio, ¿se ha sumado más gente a la asociación?

- Sí, de hecho desde ese día no paro de recibir llamadas de gentes que me pide información y que se quiere sumar al proyecto.

—¿Qué aspecto del nuevo reglamento cree que es más nocivo para los intereses de los ibicencos?

- Es complicado de especificar.    La gente piensa que esto afectará exclusivamente a los beach club y esto no es así. Tanto en Ibiza como en Formentera hay negocios de todo tipo. El mío es un negocio familiar en el que mi público objetivo, el 90% de mi clientela, son ibicencos. En la zona de Talamanca, donde el suelo además es urbano, están en la misma. Va a llegar un momento en el que no se pueda ir a un chiringuito a tomar una caña, o un gin tonic, o a comerse un bocata en ninguna parte de Ibiza. Hay que cuidar el medio ambiente pero estos negocios tienen que vivir. Yo he tenido mi terraza cerrada este verano, y todo apunta a que también lo estará el que viene. No todos somos grandes cadenas hoteleras, no todos tenemos un fondo de inversión detrás. Una pequeña o mediana empresa no puede aguantar con parte de su negocio cerrado.

—¿Cuánto calcula que puede haber perdido por tener la terraza cerrada esta temporada?

- Habremos tenido entre un 75 o un 80% menos de facturación. Pero los números tampoco pueden ser muy fiables porque los tres últimos años lo que tenemos son datos de pandemia, por lo que esto es otra incertidumbre añadida.

—Un establecimiento de las características del suyo y en una ubicación similar tiene que estar a expensas de una serie de permisos, además de la licencia municipal, para poder conservarse.

- Las veces que hemos pedido una licencia, tanto para obra mayor como para obra menor, vamos al Ayuntamiento, que es quien tiene la competencia. Como el emplazamiento es costero lo derivan a Costas. Ellos tienen que emitir un informe para que el Consistorio dé el visto bueno. Los informes suelen ser desfavorables o no contestan. Parece que hay algún tipo de interés en que no se mantengan estos negocios, porque la conservación de las fachadas es algo fundamental y no nos dejan hacerlo.

—¿Ha logrado ponerse en contacto directamente con la Demarcación de Costas para que le den una explicación?

- No. Aquí hay una oficina de la Demarcación de Costas, en la calle Aragón, donde están los celadores. En el momento en que ha habido algún expediente, que se abre en el momento que haces un registro de entrada de cualquier trámite con ellos, va a Palma. De Palma vienen todos los informes desfavorables. Este año pasado, según he podido saber, sólo se ha concedido uno. En mi caso, con las alegaciones que pusimos por la denegación de la terraza, lo derivaron directamente a Madrid.

—Un sector al que afectará de manera importante el nuevo reglamento de Costas, por su gran número, es el de las casetas varadero.

- Es bastante complejo lo de las casetas varadero porque las que hay registradas en Ibiza superan las 800 pero no tienen un título registral, no tienen una escritura, son de los propietarios que en ocasiones las han heredado. Según he podido saber, hace unos años Costas les prometió en una reunión que les darían una concesión, pero siguen a la espera. Unas pocas de estas casetas son Bien de Interés Cultural (BIC), especialmente en la zona de sa Caleta, y eso hace que no puedan demolerse porque dependería del Consell.