Un terreno agrícola cultivado en Ibiza | Daniel Espinosa

El conseller de Territorio, Mariano Juan, ha confesado en el Pleno que el Consell d’Eivissa que el equipo de gobierno «mucha prisa no tiene» en la inclusión de las Zonas de Alto Valor Agrícola (ZAVA) en el Plan Territorial Insular (PTI) como obliga la ley agraria de Balears, al considerar que la figura no supone favorecer la actividad agrícola sino únicamente limitar la posibilidad de construir a los propietarios de terrenos en estas zonas. Ha asegurado a pesar de ello que, «si la ley no cambia», se incluirán las ZAVA en el PTI, pero que no se cumplirá con los plazos fijados por el Govern balear.

Juan ha manifestado esta decisión del gobierno insular durante el debate de una moción de Unidas Podemos por la que se instaba al Consell a cumplir con la Ley Agraria de Baleares, aprobada en enero de 2019, que establece que los consells tenían dos años para delimitar en el PTI las ZAVA.

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El portavoz de Unidas Podemos, Antonio Saucedo, ha indicado que la creación de estas zonas suponen una garantía del mantenimiento del suelo rural como garantía contra el cambio climático, al ser los principales lugares de almacenamiento de carbono si se conservan como suelos fértiles. Además ha recordado la importancia de disponer de suelo agrícola para llegar a alcanzar la soberanía alimentaria y disponer de productos kilómetro cero y favorecer la dieta mediterránea.

Juan ha calificado la figura de «instrumento urbanístico disfrazado de agricultura», dado que «lo único que supone es la limitación de construir al propietario de territorio que estén dentro de esa ZAVA» aunque se cumpla con el criterio de disponer de 15.000 metros cuadrados de terreno para edificar o ampliar una vivienda.

Ha explicado que el Consell «ha superado» el tema de las ZAVA a través de una instrucción aprobada por unanimidad en la CIOTUPHA hace dos años, que ha desbloqueado en torno a cien expedientes de viviendas en suelo rústico común. «Gracias a esa instrucción, se presenta un estudio agrícola que certifica que la finca no corre peligro, dado que se tratan de viviendas de 150 o 200 metros cuadrados en una finca de 15.000 metros como mínimo. Entonces se informa este estudio por Agricultura y se autoriza la intervención que se solicite».