Imagen del puerto de Ibiza en la huelga del mes de marzo. | Daniel Espinosa

Los transportistas de las Islas deciden mañana si secundan la huelga convocada a nivel nacional por la Plataforma en Defensa del Transporte. El presidente de la Agrupación Empresarial de Servicio Discrecional de Mercancías de Balears, Ezequiel Horrach, ha informado que mañana se reunirá la junta para abordar este asunto.

La Plataforma en Defensa del Transporte, la agrupación de autónomos y pequeñas empresas de transportistas que convocó el paro del pasado marzo en toda España, ha anunciado una nueva huelga indefinida a partir de la medianoche de este próximo domingo, 13 de noviembre. El motivo que han alegado es el «incumplimiento» por parte de los cargadores (los clientes de los transportistas) de la ley que prohíbe trabajar a pérdidas en el sector. Horrach confirma que en el Archipiélago también se produce esta problemática. No obstante, deja claro que en Balears aún no ha adoptado una postura oficial sobre la protesta.

El presidente de la agrupación empresarial también precisa que los transportistas baleares aún no han cobrado las ayudas aprobadas por el Govern el pasado marzo y que permitieron la desconvocatoria de la huelga que se estaba desarrollando en esos momentos. El motivo que les han dado desde el Ejecutivo autonómico es que en algunas de las solicitudes había errores que se han tenido que subsanar. A su modo de ver, se debería haber continuado con la tramitación de las que sí estaban formuladas de forma correcta para no perjudicar en el pago a todos los demandantes de las mismas.

5,5 millones

Las ayudas consistían en una subvención de 5,5 millones para el sector. Además, incluía mejoras en la descarga y carga de mercancías. Este dinero tiene que beneficiar a cerca de 7.000 titulares de tarjetas de transporte público de mercancías. Las concedieron las conselleries de Mobilitat y Treball, a fondo perdido, y tienen como objetivo compensar los costes extra de combustibles de enero y febrero. Los excesos de marzo se repercutieron entre los clientes de los transportistas y, posteriormente, pasaron a los consumidores con la subida de precios.

El hecho de que las empresas aún no hayan percibido estas ayudas está motivando que algunas de ellas se encuentren en situaciones extremas, hasta el punto de estar planteándose tener que cerrar.
En este punto, Horrach reitera que muchos de los cargadores siguen sin pagar los precios justos, pese a que hay una normativa en vigor que les obliga a ello. Por ello, los ha instado a no ofrecer sus servicios a aquellas empresas que no pagan lo que corresponde por los servicios contratados; aunque reconoce que no es fácil.