El presidente Vicent Marí y Josep Castellà, en rueda de prensa este pasado miércoles.

El Consell de Mallorca expresó ayer, en boca de su conseller de Promoción Económica, Jaume Alzamora, su respaldo a una hipotética modificación de la ley de régimen electoral para aumentar el número de diputados de Ibiza elegidos para el Parlament. Tras la presentación el pasado martes en el Consell d’Eivissa del dictamen jurídico Ibiza: representación constitucionalmente adecuada en el Parlament de las Illes Balears en el que se defiende el incremento de diputados de Ibiza en la cámara autonómica, falta ver qué respaldo tendría esta iniciativa.

Si bien el Consell d’Eivissa ha buscado sentar las bases para defender una futura iniciativa para cambiar la ley, la aprobación de este cambio necesitará una mayoría cualificada de 2/3 en el Parlament. El apoyo de los 12 diputados ibicencos parece asegurado, pero hay que alcanzar los 39 apoyos para sacar adelante el cambio. Las palabras de Alzamora tienen relevancia al provenir de un partido que no se encuentra entre los grupos políticos que conforman el Consell d’Eivissa. El conseller de Mes per Mallorca manifestó ayer su comprensión hacia «la justa reivindicación que hace Ibiza». «Es completamente lógico ajustar la aritmética parlamentaría al peso poblacional. Si el censo de población se ha incrementado en los últimos años no tiene sentido que esto no tenga un reflejo en su representación democrática».

El cambio del peso poblacional es uno de los principales argumentos planteados por el doctor en Derecho Constitucional Josep María Castellà en el dictamen solicitado por el Consell. En el escrito explica que la proporción de población es uno de los principales criterios en derecho electoral español para determinar cuántos representantes corresponden a cada circunscripción.
Es por ello que Alzamora pone sobre la mesa que «del mismo modo (que Ibiza), Mallorca también ha incrementado su población y esto se tiene que trasladar al Parlamento».

En este sentido, el conseller de Promoción Económica planteó que «la solución más realista y que podría satisfacer las aspiraciones planteadas sería incrementar la composición de la cámara en dos diputados, uno por Ibiza y uno por Mallorca».

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La opinión de Menorca

Por su parte, Susana Mora, presidenta del Consell menorquín, entiende el planteamiento, tan legítimo como conocido, y que se ha ido esquivando porque la solución no es sencilla. Es partidaria de circunscribir el debate a la representación de las islas menores en el Parlament, «si se abre el melón, Mallorca siempre tiene las de ganar y también Palma puede reclamar ser circunscripción propia por la misma razón», señala. Y añade: «Ha de ser un debate sosegado y de grandes consensos sobre el criterio de que las islas menores no salgan perjudicadas. El factor de la proporcionalidad corregida me sigue pareciendo válido».

Manifiesta que ese acuerdo al que se llegue en los próximos años ha de respetar el número de diputados con el que cuenta actualmente Menorca, aunque admitiría que se aumente la representación ibicenca, si esa fuere una condición para el consenso. Desde Més per Menorca, otro de los partidos de gobierno en Menorca, también son tajantes en este punto, «en ningún caso Menorca puede perder representación», afirma Eduard Riudavets, secretario de organización del partido menorquinista. Opina que las consecuencias «pueden ser terribles si se rompe el consenso» que en esta materia ha presidido la autonomía balear hasta ahora y recuerda que la representación actual es fruto de la reforma estatutaria de 2007, «que Ibiza aceptó» entonces.

Precedente constitucional

La reivindicación ibicenca motivó a principios de los 90 un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la distribución de escaños aprobada en la ley electoral del 86 porque concedía más diputados a Menorca que a Ibiza y porque a Formentera le correspondían realmente dos para mantener el carácter de propocionalidad corregida en las islas menores. El Tribunal desestimó este recurso, que curiosamente habían presentado 56 diputados de AP en el Congreso, el mismo partido que había impulsado la ley balear. El camino parecía despejado desde el punto de vista constitucional, pero 30 años después, el aumento de la diferencia demográfica entre Eivissa y Menorca ha despertado el debate.
Y con este vuelve como siempre la cuestión territorial, tan importante como la poblacional.