El alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, junto al presidente Vicent Marí y el conseller Mariano Juan.

El Ayuntamiento de Sant Josep y el Consell de Ibiza escenificaron la mañana de este sábado el consenso alcanzado para tramitar las nuevas normas transitorias del municipio y, por ende, la suspensión del actual planeamiento urbanístico, que data de 1986. En este sentido, el alcalde josepí, Ángel Luis Guerrero, reconoció al respecto que, a día de hoy, el planeamiento del 86 «era prácticamente imposible de ejecutar», por lo que era imperativo «hacer una norma provisional hasta que se pueda realizar el Plan General de Ordenación Urbana definitivo».

Además, reconoció que el planeamiento vigente hasta el día de hoy preveía 83 unidades de actuación y 100 sectores urbanizables «de los que sólo hay seis que se hayan desarrollado correctamente». Incluso, tampoco se había adaptado a ninguna de las leyes del territorio aprobadas desde entonces lo que comporta que muchos de estos urbanizables o estas unidades de actuación, e incluso suelos urbanos directos «sean de imposible desarrollo».

Guerrero, que ha agradecido al Consell de Ibiza el trabajo realizado para poder desarrollar la normativa transitoria, aclaró que en estas normas provisionales «no se toca suelo rústico ni ningún tipo de clasificación», además de no realizarse tampoco una adaptación al Plan Territorial Insular. «El Ayuntamiento tiene necesidades a futuro», reconoció «y por eso se cambia la clasificación de una serie de suelos en rústico para, entre otras cosas, la necesaria ampliación del CEIP de Sant Jordi» o el crecimiento, también en la misma localidad, para dotar a la isla de más suelo industrial y para incorporar el suelo de los futuros apartamentos Don Pepe.

Asimismo, según el alcalde se crea en Sant Jordi más suelo para la construcción del futuro cuartel de la Guardia Civil «y se crea un suelo dotacional en Cala de Bou» de más de 28.000 metros cuadrados «para un futuro colegio y una serie de equipamientos que necesita el municipio lo que demuestra que se ha mirado por el interés general del muncipio». El primer edil avanzó a su vez que las normas provisionales rebajan la capacidad máxima de la áreas urbanas de Sant Josep a los 43.720 habitantes, en lugar de los 63.000 del planeamiento vigente, pero aclaró que este techo es mucho menor «si nos referimos sólo a las zonas del municipio donde se podrá pedir licencia sin más trámite, estas suman un límite de 31.702 habitantes».

Reclamaciones a Mariano Juan

Por su parte, el conseller insular de Territorio, Mariano Juan, subrayó que, durante su primera visita como conseller a Sant Josep, desde el Ayuntamiento le apuntaron una serie de reclamaciones, de las que destacaban tres por su importancia.

«La primera de ellas era la cesión de la travesía de Sant Jordi, una rotonda a la entrada de Sant Josep y, sobre todo, las normas transitorias» y en este sentido recordó que «se me explicó el problema que tenía Sant Josep a nivel de gestión urbanística, la imposibilidad de que se pudieran construir solares que eran urbanos pero, como no se habían las cesiones y la gestión urbanística años atrás, las familias no podían ejercer sus derechos urbanísticos». A día de hoy, recalcó el conseller, ya está cedida la travesía, la tramitación de las normas ya está en marcha y la rotonda está encaminada, «y en los próximos meses será una realidad la aprobación del proyecto».

Asimismo, dijo que estas normas provisionales «son fruto de la voluntad de llegar a acuerdos» y del «trabajo discreto» entre los técnicos y políticos de ambas administraciones y por ello aseguró que «hay que dar las gracias a los técnicos y juristas de ambas administraciones, que han conseguido entenderse y desbloquear algo que en otras legislaturas había sido bloqueado». En este sentido, el alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, reconoció que, más que de un bloqueo, el hecho de que las normas provisionales no salieran adelante en la pasada legislatura es fruto de un «malentendido» con el Consell Insular, gobernado en esas fechas por PSOE y Guanyem.

«Cuando manifestamos la posibilidad de poder hacer esta suspensión creo que fue un malentendido porque íbamos explicando qué nos pasaba con determinados suelos y se entendió que no era la herramienta adecuada o que se tenía que pulir mucho más. Se entendió que era para algunos pedazos del suelo de Sant Josep y nosotros queríamos una norma para todo el suelo». Por su parte, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, destacó que este acuerdo entre las dos administraciones «pone de manifiesto la voluntad de dos equipos de gobierno, el municipal y el insular, de querer llegar a acuerdos por encima de las diferencias de colores políticos que pueda haber, llegando a lo que es una buena solución para todos los vecinos de Sant Josep».

Asimismo, subrayó que, pese a ser las normas transitorias de un municipio, se da respuesta a problemas insulares como es la falta de suelo urbano. De hecho, declaró que «las principales federaciones empresariales de la isla, como PIMEEF y CAEB, han pedido constantemente más suelo industrial en la isla» y manifestó que, merced a estas normas provisionales, se construirá una nueva ITV fija en la isla, que dará servicio a la zona sur.

Inicio este lunes

Está previsto que este lunes se apruebe en el pleno del Consell de Ibiza el inicio de la tramitación de las normas provisionales. Será entonces cuando la máxima institución de la isla reenvíe este documento a la Demarcación de Costas y a AESA, que tendrán un plazo de dos meses para emitir informe y cuando se pueda realizar su aprobación inicial y su exposición pública, mientras se solicita informe ambiental.
Finalmente, se prevé que para finales de verano la nueva normativa pueda estar aprobada.