En lo que va de legislatura, el departamento de Transportes del Consell d’Eivissa ha recaudado 909.412 euros procedentes de sanciones relativas al intrusismo, según ha anunciado este miércoles ayer el responsable del área, Javier Torres. En 2019 se cobraron por este concepto 162.137 euros. Un año más tarde, las sanciones cobradas por la institución ascendieron a 163.355 euros, mientras que en 2021 la cantidad subió hasta los 284.902 euros. Entre enero y noviembre de este año, las multas han significado unos ingresos de 299.018 euros.
Torres ha presentado este miércoles el balance de actividad del departamento de Transportes, tras reunirse con los principales agentes económicos y sociales del sector en el Consell. El conseller destacó, entre otras cuestiones, cómo se ha ido incrementando la persecución del intrusismo en el sector. Esto ha significado que, desde 2019, el número de expedientes sancionadores instruidos se haya incrementado de forma notable. Al inicio de la legislatura, se abrieron por este motivo 177 expedientes. En 2020 fueron 312. Un año más tarde, se bajó a tan solo 100, mientras que en lo que llevamos de 2022 se han iniciado 353.
El conseller resaltó, además, el trabajo llevado a cabo por los inspectores del departamento y por los tres agentes de transportes contratados a lo largo de la legislatura. Un personal que, explicó, participa incluso en los controles que establece la Guardia Civil en las carreteras. En este sentido, el trabajo tanto de unos como de otros ha permitido incrementar notablemente el número de denuncias interpuestas por el propio personal de la conselleria. Así, si en 2016 solo se presentaron 10 denuncias por esta vía, en lo que va de año han sido 93. Una progresión que se observa a lo largo de la legislatura, al pasar de las 12 presentadas en 2019 al casi centenar de este año.
El departamento por otro lado, ha seguido tramitando denuncias recibida tanto de las policías locales de los cinco ayuntamientos de la isla como de la Guardia Civil. En este apartado, los años con más actividad fueron 2019 y 2021, con 336 y 345 denuncias respectivamente. En 2020 se tramitaron 147 y en 2022 han sido 178.
Javier Torres, por otro lado, destacó la importancia de haber reactivado el Consell Sectorial de Movilidad, que ha permitido crear una comisión específica para luchar contra el intrusismo. Se trata de un organismo en el que participan el Consell, los ayuntamientos y representantes de las policías locales, la Guardia Civil y la Policía Nacional. «Sin esta implicación y colaboración», aseguró, «no hubiéramos llegado tan lejos». También destacó acciones como que el Consell haya sido la primera institución en aplicar la ley para inmovilizar vehículos VTC deslocalizados. Una acción que, según señaló Torres, ha tenido como consecuencia la práctica «desaparición» de esta oferta ilegal en la isla desde la temporada turística de 2021.
Dentro del balance de la legislatura, Javier Torres recordó otras acciones del departamento como la puesta en marcha de un servicio de grúa y de depósito de vehículos para los taxis ilegales inmovilizados por la Guardia Civil, la «persecución judicial de los infractores con denuncias ante la Fiscalía» y la petición al Govern de una modificación legislativa para agilizar el desguazado de los vehículos inmovilizados tras haber sido detectados como transportes piratas.
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