El conseller insular de Infraestructuras viarias, Mariano Juan, ha destacado en la noche del miércoles en el programa Bona Nit Pitiuses de la Televisió d’Eivissa i Formentera la importancia del acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Sant Josep para la redacción de las Normas Subsidiarias provisionales del municipio por los problemas que soluciona urbanísticamente hablando y porque es una demostración de que las administraciones de diferentes signos políticos pueden dejar de un lado sus diferencias y trabajar en beneficio de los ciudadanos. «Las normas dan solución a muchos problemas que, sobre todo en suelo urbano, tiene el municipio de Sant Josep desde hace mucho tiempo», ha señalado el conseller.
Esta nueva normativa pone fin a cuestiones como el bloqueo de suelo urbano, que básicamente significa que, como no se hicieron bien las cosas en su momento, «ahora los últimos vecinos que quedan por construir sus solares, donde pagan la contribución urbana y tienen en teoría todos sus derechos de suelo urbano, no se les puede dar licencia para la construcción de sus casas». Esto le ha creado, según Juan, «un quebradero de cabeza» al Ayuntamiento que está lidiando en estos momentos con más de 100 contenciosos en los tribunales por este motivo. «Con estas normas todo esto queda solucionado y, a partir de ahora, el que tenga suelo urbano podrá construir con normalidad», ha añadido el conseller. Además de dar solución a los suelos urbanos, también se logra desclasificar suelo para necesidades puntuales de equipamiento del municipio. «Estas normas significan un antes y un después en el municipio de Sant Josep», ha recalcado.
Mariano Juan ha recordado que Sant Josep llevaba ocho años tratando de sacar adelante esta modificación del urbanismo municipal, aunque hasta el momento sin ningún éxito. «Incluso en la legislatura anterior, con su mismo partido político en el Consell insular, lo intentó sin conseguirlo. Y lo ha conseguido estando nosotros», en referencia al Partido Popular. Un logro que «no ha sido un camino de rosas ni han sido dos reuniones en dos meses que hayan desencallado todo. Llevamos tres años trabajando de una manera muy seria y muy discreta y se ha llegado a los consensos que los vecinos de Sant Josep merecen».
El responsable de Infraestructuras viarias ha manifestado que, en la primera reunión que tuvo en la legislatura con el Ayuntamiento de Sant Josep «nos comprometimos a tres cosas: ceder la travesía de Sant Jordi al Consistorio, algo que hacía más de 15 años que se pedía y ya se ha hecho; aprobar unas normas subsidiarias para solucionar los problemas urbanísticos, algo que ya está en marcha, y una rotonda en la entrada del pueblo, algo que en los próximos meses empezará a ser una realidad con la aprobación definitiva del proyecto».
Una de las cuestiones a las que da solución esta normativa es el drama de los Don Pepe, que fue una de las últimas incorporaciones que se hicieron en el documento urbanístico. «Ya llevamos mucho tiempo trabajando en esta cuestión», ha recordado Juan, que ha insistido en que «nosotros proponíamos otra solución, que era dejar que se rehabilitara el edificio, pero vista las negativas o las imposibilidades legales que el Govern balear decía que había» para solucionar la problemática por el desahucio por parte del Ayuntamiento se optó por incluirlo en estas normas subsidiarias.
Además de tocar el 100% del suelo urbano, las normas subsidiarias provisionales tocan muy puntualmente el suelo rústico para convertirlo en urbano o urbanizable «para tener básicamente equipamientos para solucionar temas muy puntuales» tales como centros educativos en Cala de Bou y Sant Jordi, el nuevo cuartel de la Guardia Civil, también en Sant Jordi y suelo industrial, algo muy demandado por las patronales CAEB y PIMEEF. «En Ibiza siempre hemos estado hablando de cambiar el modelo económico, de diversificar para no depender sólo del turismo, pero para esto hace falta suelo industrial», algo de lo que carece la isla. Con esta normativa provisional «se crean alrededor de 90.000 metros cuadrados de suelo industrial, de los que una tercera parte pasarán a ser de titularidad pública, es decir, pasarán a manos del Ayuntamiento de Sant Josep». Uno de estos terrenos estará destinado a construir una segunda ITV definitiva en la isla, que dará servicio a la zona sur.
Aunque Mariano Juan reconoce no saber por qué motivo esta normativa no salió adelante en la pasada legislatura, sí que ha asegurado que «a nosotros nos explicaron qué es lo que querían hacer con las normas provisionales y yo lo entendía perfectamente. Tuve la capacidad de entender cuál era el drama urbanístico que estaba viviendo no sólo el Ayuntamiento, sino también los vecinos de Sant Josep». Un drama que, según el conseller, se extiende a la isla en general porque, de cinco municipios, sólo dos tienen un planeamiento urbanístico moderno, aprobado en los años 2012 y 2014, como son Santa Eulària y Sant Joan. «Hay tres municipios que tienen planeamientos de los años 80, están hechos hace 40 años y no tienen suelos para VPOs, ni para zonas verdes, ni tienen equipamientos ni están pensados con la mentalidad que tenemos hoy en día», ha recordado el conseller, por lo que se ha puesto a disposición de Vila y Sant Antoni para actualizar sus normativas urbanísticas.
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