Estas mismas fuentes calificaron de «muy positivo» el paso dado por la propiedad ya que, entre otras cosas, evitará que el Ayuntamiento tenga que incurrir en gastos al no tener que realizar estas obras de forma subsidiaria. Hay que recordar que la propiedad de la mansión fue multada a su vez con algo más de un millón de euros por estas infracciones.
Al parecer, según consta en la sentencia 00414/2020 de la sala de lo contencioso administrativo número 2 del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, la propiedad de la mansión pretendía la legalización de una serie de construcciones ejecutadas sobre la servidumbre de protección de la Ley de Costas «careciendo de licencia alguna, además de haberse excedido con creces de la licencia de obra menor» otorgada en 2013. Dicha licencia se solicitó para la realización de trabajos interiores, revestimientos y pavimentos.
Sin embargo, en diciembre de ese mismo año el Consell d’Eivissa remitió un requerimiento de información al Ayuntamiento josepí ya que, tras una inspección, habían detectado que se estaban realizando obras de reforma integral sobre la vivienda existente que afectaban a la estructura del inmueble, y otra serie de obras que requerían de maquinaria pesada en el exterior, tales como el levantamiento de estructuras de hormigón de nueva planta y trabajos de excavación.
Ante este requerimiento, el celador municipal procedió a visitar la propiedad y detectó que se estaban haciendo obras en todo el inmueble, concretamente «el cambio de instalaciones, cambio de tierra, impermeabilizaciones, saneamiento de vigas y revestimientos, movimientos de tierras en la zona de acceso a la finca con anulación de la fosa séptica, así como la construcción de una pasarela y una terraza de madera, ambas elevadas».
En julio de 2014 agentes medioambientales de la Conselleria de Medio Ambiente elaboraron un informe-denuncia detallando una serie de obras que se habían ejecutado sobre terreno forestal, en suelo rústico protegido en área de especial interés de alto nivel de protección, consistentes en un jacuzzi de obra cementada, una pérgola de madera sobre base de hormigón, ajardinamiento de zona forestal y aporte de áridos, construcción de una edificación bajo tierra, ampliación del volumen sobre edificación preexistente, ampliación de piscina y la eliminación de cubierta vegetal.
La propiedad presentó un proyecto de legalización de los trabajos realizados fuera del ámbito de la obra menor, que fue denegado por la Junta de Gobierno Local que meses después, ya en enero de 2015, resolvió ordenar a la propiedad la restauración de la legalidad mediante la reposición de los terrenos a su estado original.
Desde esa fecha la sociedad Inversiones Rapa Nui fue presentando recursos de apelación contra las decisiones adoptadas por el Consistorio, que finalmente fueron ratificadas en su totalidad por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
3 comentarios
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Sin masIgual si no tuviéramos unos jueces tan supergarantistas con los infractores, estas cosas llevarían mucho menos tiempo.
¿ El millón de euros de la multa lo va a pagar o como es tan bueno y lo va a arreglar se lo vamos a perdonar ?
10 años disfrutando de su pedazo de chalet y de la costa que es de todo, pues ahora va el tío que tiene miles de millones tira lo construido vende el chaletito y se va pa otros islas que ahora están más de moda y listo, yo creo que si entrenamos un poquito más llegariamos a ser los más tontos del mundo.