En este sentido, fuentes del Ejecutivo balear explicaron a Periódico de Ibiza y Formentera que, en breve, deberán presentar un documento pericial para fijar las indemnizaciones, más los posibles intereses, una vez el Tribunal Supremo no aceptó el recurso de los propietarios.
Desde el Govern no descartaron que los afectados vuelvan a recurrir, por lo que es difícil aventurar fechas sobre el final de este proceso.
Exoneración
A finales del pasado mes de marzo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) exoneró al Consell d´Eivissa y al Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja de tener que indemnizar a los propietarios. La resolución judicial descartaba la responsabilidad de ambas instituciones pitiusas en este asunto y ponía de manifiesto que era «incuestionable» la responsabilidad del Govern en «la imposible materialización de los derechos de los propietarios».
Los afectados reclamaban más de 170 millones de euros, 14 veces el presupuesto anual de un Ayuntamiento como el de Sant Joan. Si la responsabilidad hubiera sido del Consell, la institución se hubiera enfrentado a una sanción equivalente al 150% de su presupuesto. El pasado marzo, desde el Consell d´Eivissa consideraron que el Govern había tratado de responsabilizar al Consistorio ibicenco y a la propia institución insular de los efectos de la Ley de Urbanismo de Baleares, aunque el TSJIB tumbó estas aspiraciones.
Inicialmente, el gobierno balear debía calcular y presentar en el plazo de un mes la deuda legítima mantenida con los afectados por la desclasificación. De inmediato, quien sí expresó su satisfacción por la sentencia fue el alcalde de Sant Joan, Antoni Marí Carraca, quien aseguró en marzo que se demostraba así que el Consistorio «nunca había dado licencias de manera improcedente».
Marí consideró que los propietarios han estado sufriendo durante años una «injusticia consumada únicamente por el Govern», añadiendo incluso que la anulación de las licencias «solo responde a la voluntad política del equipo de gobierno progresista de la Comunidad en el año 2017».
«Imposición»
Carraca criticó la «imposición» del Govern al interferir en la planificación urbanística del municipio «por decreto ley y con absoluta unilateralidad». El vicepresidente insular Mariano Juan aseguró que una sentencia de estas características «es lo que pasa cuando se pretenden expropiar derechos de personas que han cumplido con sus obligaciones legales».
También lamentó las consecuencias sobre las arcas públicas que va a tener la resolución de la Justicia. La resolución judicial del TSJB indicaba que en las indemnizaciones se establecerá un valor individualizado para cada parcela y para cada persona demandante.
El contencioso administrativo había sido interpuesto por más de 10 afectados, propietarios de determinadas parcelas de la urbanización Benirràs. En el texto de la sentencia se detallaba que los recurrentes poseen unos terrenos clasificados en su día como suelo urbano y, sobre ellos, algunos propietarios disponían de licencias municipales para la construcción de viviendas unifamiliares aisladas.
Tras la desclasificación de los solares, éstos pasaron a tener la categoría de suelo rústico protegido, impidiéndose a los afectados ejercer sus derechos urbanísticos.
2 comentarios
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Hay alguien que dude de la ineptitud política? Como se puede declarar alguna vez benirrás suelo urbanizable? Y por otro lado ¿cuantas construcciones ilegales hay en toda la isla? y no se hacen nada, ahí podía sacar un dineral el consell el govern y los ayuntamientos