Imagen de archivo de una reunión de empresarios afectados por la modificación del reglamento de Costas.

El Ministerio de Transición Ecológica está procediendo entre las jornadas de ayer martes y hoy miércoles a levantar actas de reversión al Estado de un total de siete concesiones del dominio público marítimo terrestre en la isla de Ibiza. Concretamente, según salió publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 7 de diciembre, ante la imposibilidad de poder notificar personalmente la citación a los titulares de las concesiones afectadas, la Demarcación de Costas de Baleares procedió a citar a los interesados que, «en el día y la hora que se señala, en el emplazamiento de la concesión de la que son titulares, se levantará el Acta de reversión al Estado de los bienes objeto de la misma».

Entre los bienes que se van a revertir al Estado hay al menos dos establecimientos hoteleros, terrazas, embarcaderos e incluso una feixa. Entre los establecimientos hoteleros, el Ministerio realiza la reversión de la concesión de uno de ellos 44 años antes de que ésta finalice, ya que se aprobó en el año 1968 por un período de 99 años.

Falta de información

Periódico de Ibiza y Formentera se ha puesto en contacto con alguno de los afectados por estas reversiones, que han asegurado no tener ningún tipo de conocimiento del proceso que estaba llevando a cabo la Demarcación de Costas y que era la primera noticia que tenían de que se iban a revertir sus concesiones. De hecho, todos ellos han asegurado desconocer en qué consiste este proceso y qué va a pasar a partir de ahora con estas concesiones.

Desde la Asociación de Afectados por los Deslindes en Ibiza se han mostrado también sorprendidos por la aplicación por parte de la Demarcación de Costas de esta figura, que no se había usado hasta la fecha al ser una novedad del nuevo reglamento de Costas aprobado en el mes de agosto del año pasado. «La única figura que habla de quitar una concesión es el reglamento de la Ley de Costas aprobado en el mes de agosto», afirma la presidenta de la asociación, Aixa Torres, «por lo que no hay ningún tipo de jurisprudencia al respecto ni conocimiento alguno de cómo se va a llevar a cabo este trámite». En este sentido, recuerda que el texto legal es muy claro en cuanto al hecho de que, lo que antes era una propiedad privada, «con los nuevos deslindes pasaría a ser propiedad del Estado» sin ningún tipo de justiprecio. Incluso en el caso de que hubiera que demoler alguna construcción el coste sería sufragado por el ciudadano. También pone en evidencia que sea cual sea la fecha de otorgamiento de la concesión, e independientemente de su duración y de sus posibles prórrogas, el período máximo de concesión no puede sobrepasar los 75 años desde su otorgamiento.

El departamento jurídico de la Asociación de Afectados por los Deslindes en Ibiza critica, a su vez, la forma en que la Administración ha llevado a cabo las notificaciones y la indefensión que causa a los afectados el hecho de que se haya llevado a cabo a través del BOIB. En este sentido, explican que cuando se realiza una notificación de este tipo el interesado cuenta con un período de un mes para poder realizar alegaciones. En este caso, al haberse hecho la notificación a través del BOIB el pasado 7 de diciembre, el plazo para posibles alegaciones está más que agotado y, legalmente, lo único que se podría hacer reclamar por la forma en que se ha intentado notificar a los afectados. De hecho, recuerdan que en el caso de las personas jurídicas hay que hacer este tipo de comunicaciones de forma telemática, «algo que nunca hacen».

Este periódico se ha puesto en contacto con la Demarcación de Costas de Baleares para tratar de conocer todo lo relativo a este nuevo procedimiento de reversión de una concesión, aunque al cierre de esta edición aún no había recibido ninguna respuesta.

Todo este nuevo procedimiento de reversión, además de todo lo relativo al nuevo reglamento de la Ley de Costas será objeto de debate en una reunión organizada este jueves a las 13.30 horas en la sede de la Pimef Formentera por el Partido Popular y Sa Unió con las personas afectadas por la nueva reglamentación y los empresarios del puerto de La Savina. En dicho encuentro participará la presidenta balear del partido, Marga Prohens, el diputado nacional Miguel Jerez y el senador Vicente Martínez Mus, experto en la materia.

El apunte

Los afectados por los deslindes en Ibiza, representados en Madrid

Miles de manifestantes de todo el litoral español, incluida la plataforma Somos Mediterráneo, en la que se encuentra englobada la Asociación de Afectados por los Deslindes en Ibiza, recorrieron el pasado sábado las calles de Madrid para protestar por el nuevo reglamento de Costas aprobado por decreto el pasado mes de agosto por el Gobierno.

Exigían, entre otras cosas, la suspensión y retirada del nuevo Reglamento, además de la reforma de la Ley de Costas para actualizarla a las nuevas sensibilidades de los territorios e identidades, basada en principios de conservación y alineadas con la normativa comunitaria e internacional, una ley que calificaban de destructora y confiscatoria, por lo que pedían una Ley para las personas y el medioambiente. También exigían priorizar la dotación de fondos a informes, estudios y proyectos para la regeneración costera, con medidas de ingeniería suficientes, integrales e integradoras del entorno y sus habitantes, y con pleno respeto a la sostenibilidad medioambiental. Y planificar una gestión sostenible de los sedimentos que se retienen en los puertos y embalses. También potenciar la coordinación interadministrativa y la identificación o movilización de fondos depositados por las entidades portuarias, destinándolos a regeneraciones o compensaciones de su responsabilidad ambiental. Entre los principales puntos que se defendían con esta manifestación frente al Congreso de los Diputados estaban la negativa a la retención de la arena en los embalses y puertos, el apoyo a la recuperación y protección de las playas, la exteriorización contraria de una Ley de Costas destructora y confiscatoria y la petición de una Ley para las personas y el medioambiente.