Solar de la Policía Nacional. | Archivo

El Ministerio de Interior, dirigido por el socialista Fernando Grande-Marlaska, no está dispuesto a asumir ninguna responsabilidad en el fracaso del proyecto de construcción de 120 viviendas de protección oficial en el solar de la antigua de comisaría de Ibiza. Tanto es así que, en una respuesta ofrecida al diputado del PP Miquel Jerez este jueves, ha apuntado directamente al resto de administraciones implicadas en el mismo como responsables de que este no haya salido adelante.

Interior, según la explicación remitida al diputado ibicenco y a la que ha tenido acceso Periódico de Ibiza y Formentera, «ha mantenido una actitud proactiva, impulsando las actuaciones previstas para la elevación del protocolo de colaboración firmado el 27 de febrero de 2019 a convenio». En este sentido, señala que, tal y como fijaba el acuerdo, el ministerio «segregó como finca independiente» el solar para poder llevar a cabo el proyecto. Sin embargo, los «esfuerzos» del departamento dirigido por Grande-Marlaska «no han sido acogidos por las restantes administraciones firmantes del protocolo».

Si bien es cierto que este acuerdo fue rubricado por Interior, el Govern, el Consell d’Eivissa y el Ayuntamiento de Ibiza, también lo es que las administraciones insular y municipal debían intervenir en fases posteriores. Es decir, el Consell, según señala el protocolo, se comprometía a «adquirir parte de las viviendas de protección pública construidas por el Ibavi […] para su incorporación a su patrimonio, en función de sus disponibilidades presupuestarias». El Ayuntamiento, por su parte, tendría que «agilizar los trámites administrativos municipales necesarios en orden al otorgamiento de licencias de segregación, así como de las licencias de obra preceptivas, acordando, en su caso, la tramitación de urgencia» de estos permisos.

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La negociación sobre el futuro del solar quedaba, pues, en manos del ministerio y de la Conselleria de Vivienda, dirigida en el momento de la firma del protocolo por el socialista Marc Pons, que posteriormente fue sustituido por Josep Marí Ribas Agustinet. Sin embargo, Interior se encontró desde el principio con problemas para llevar a cabo esta negociación, y así lo explicó en otra respuesta dirigida al diputado Miquel Jerez en 2020. Según el ministerio, el 12 de julio de 2019, cinco meses después de la firma del protocolo, remitió al Ibavi la «memoria justificativa de necesidades al objeto de iniciar, en su caso, la redacción del convenio» que debía formalizar el proyecto. El 15 de octubre, tres meses más tarde, ante la falta de respuesta del Ibavi, Interior reiteró por escrito «la disposición de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado a iniciar los contactos para alcanzar los objetivos del protocolo general firmado». El Ibavi tampoco respondió a este requerimiento. Es el 20 de diciembre de 2019 cuando el Ministerio de Interior acaba remitiendo un nuevo escrito a la Conselleria de Vivienda «con el fin de impulsar las actuaciones». El 2 de abril de 2020, momento en el que Interior respondía a Miquel Jerez, el Govern aún no había respondido a esta nueva petición.

En el último año, el responsable autonómico de Vivienda y candidato de la FSE-PSOE al Consell d’Eivissa, Josep Marí Ribas Agustinet, ha culpado tanto a Interior como al Consell de la imposibilidad de materializar este proyecto. Según Marí Ribas, Interior ha cambiado de postura sobre cuál debe ser el uso del solar, dado que inicialmente, y según el protocolo, debía albergar 120 viviendas en cuatro bloques, uno de los cuales sería gestionado por el ministerio para sus funcionarios en la isla. Marí Ribas ha afirmado que Interior ha decidido posteriormente que prefiere construir una residencia, sin aportar más datos. Algo sobre lo que el ministerio nunca se ha pronunciado de forma oficial. En cuanto al Consell, el conseller socialista ha indicado en repetidas ocasiones que su falta de concreción sobre cuál sería su aportación económica estaba obstaculizando el proyecto. Una explicación que no cuadra con lo acordado en el protocolo y que la institución insular ha rechazado recordando que su compromiso es adquirir «viviendas construidas» y no aportar fondos insulares para financiar el proyecto.

De momento, las 120 viviendas de protección oficial siguen siendo una entelequia, aunque en la última respuesta ofrecida por el ministerio a Miquel Jerez sí se indica que «aunque el protocolo caducará el próximo día 27 de febrero, sigue expedita la vía para concertar nuevos acuerdos o nuevas actuaciones que se estimen oportunas, según la planificación estratégica que aprueben los órganos rectores del organismo autónomo, a cuya disposición se halla la parcela». «Un protocolo», añade Interior, «no supone obligación jurídica alguna», por lo que, si el proyecto debe salir adelante, «habría que firmar un convenio de colaboración».