El alcalde Rafa Ruiz junto a Joan Gual de Torrella, expresidente de APB, en una imagen de archivo. | Archivo

El alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, ha asegurado este lunes que, como primer edil, «es una obligación preocuparse por el bien común de la ciudad y, sin duda, es mucho lo que aporta la náutica social a la ciudad y a sus ciudadanos». De esta manera Ruiz se defendió ante su próxima declaración en el conocido como ‘caso Puertos’, aunque queda por decidir si lo hará como testigo o como investigado.

En un escueto mensaje, el socialista explicó que «son diferentes iniciativas las aprobadas entre el Congreso, el Parlament balear y el Pleno del Ayuntamiento para defender el modelo de gestión de la náutica social y, como principal representante del Consistorio, se sigue este mandato democrático».
También manifestó que siempre ha trabajado con las administraciones implicadas siguiendo la legalidad para mantener un modelo de gestión con fines sociales y valores deportivos, en vez de un modelo de gestión especulativa y sin valor social. «Un modelo que permita amarres pequeños para la ciudadanía de Ibiza, para los llaüts y pequeños veleros particulares», concluyó.

Desde el Ayuntamiento de Ibiza puntualizaron también que, en relación al caso, la jueza Martina Mora, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, ha consultado a las acusaciones sobre la idoneidad de tomar declaración a cinco personas, entre ellas el alcalde de Vila, Rafa Ruiz.

En estos momentos, las acusaciones deben responder en calidad de qué deben declarar, aclararon fuentes municipales.

El Consistorio aseguró que Ruiz «siempre ha defendido el interés general y un modelo de ciudad en el que todas las infraestructuras y servicios estén al alcance de la ciudadanía, preservando un modelo de puerto donde se mantengan determinados espacios con valor social y deportivo, siempre dentro del marco legal».

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El caso

Según publicó el fin de semana Eldiario.es, sobre Ruiz, la jueza asegura en su auto que «en las actas del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Balears (APB) relacionadas con la adjudicación investigada constan intervenciones relevantes de Rafael Ruiz González como miembro del Consejo de Administración, así como comunicaciones del mismo con el investigado Joan Gual de Torrella Guasp en relación a los hechos investigados».

Cabe recordar que el llamado ‘caso Puertos’ investiga presuntos amaños para favorecer que determinadas dársenas de Baleares dependientes de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) se adjudicaran a unas empresas y no a otras. Entre los investigados, se encuentran el expresidente de la Autoridad Portuaria, Joan Gual de Torrella, así como el exconseller de Interior, el ibicenco Josep Maria Costa, hermano de la portavoz del PSIB en el Parlament, Pilar Costa, que también formó parte del Consejo de Administración de la APB mientras fue consellera.

En el caso de la dársena ibicenca, y según una investigación de la Guardia Civil, la Autoridad Portuaria habría intentado amañar el concurso de adjudicación de la concesión para evitar que una empresa madrileña, Doce Millas, se hiciera con la misma. Y es en este caso en el que Ruiz podría estar implicado, según las conversaciones destapadas por El Mundo y que mantuvieron en mayo de 2020 Gual de Torrella y el alcalde de Ibiza.

Preguntado el portavoz del Govern balear, Iago Negueruela, por esta cuestión, el socialista se limitó ayer a señalar que, por el momento, en el Ejecutivo no tenían constancia de «ningún tipo de declaración» de Ruiz dentro del caso.

El PP de Ibiza, por su parte, exigió a la presidenta balear Francina Armengol explicaciones por el ‘caso Puertos’ y que cuente «qué sabe de los amaños que se investigan», según recogió Europa Press.