Pleno celebrado este miércoles en el Consell de Ibiza. | Daniel Espinosa

El pleno del Consell de Ibiza ha aprobado de forma definitiva este miércoles el reglamento que regirá la cartera de servicios sociales de la institución insular. A partir de ahora, el Consell podrá concertar los servicios a prestar relacionados con personas discapacitadas, mayores, mujeres y colectivo LGTBI+, inclusión, menores y familias y prestaciones económicas. «Es una herramienta fundamental y la piedra angular para dar estabilidad a los servicios para las personas más vulnerables», ha asegurado la consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell.

El más crítico con esta cartera de servicios sociales ha sido el portavoz de Unidas Podemos, Antonio Saucedo, quien ha recordado que al inicio de la legislatura el actual equipo de gobierno echó para atrás la cartera de servicios elaborada en el mandato anterior elaborada por el departamento que entonces dirigía la podemita Lydia Jurado. «Usted tildaría esto de chapuza», le ha dicho Saucedo a la consellera Escandell. «Intentó menoscabar el trabajo de los funcionarios diciendo que había ilegalidades. Han tardado cuatro años en aprobar esta cartera de servicios cuando tienen más personal que en la anterior legislatura y con dos directores insulares, uno de ellos cobrando más que el propio presidente del Consell. Debe ser el Messi de los directores insulares», ha añadido el portavoz de Unidas Podemos, cuyos dos consellers se han abstenido en la votación.

El PSOE, que ha votado a favor «por responsabilidad política», ha asegurado que esta cartera de servicios sociales «es poco ambiciosa» y ha criticado que se haya aprobado definitivamente «a tres meses de las elecciones». «El retraso no es justificable, no hacía falta toda la legislatura. Estamos decepcionados con el resultado final», ha asegurado el socialista Víctor Torres, quien ha añadido que en el texto aprobado «no se asumen ni se garantizan todas las competencias. No han querido desarrollar los servicios de los mayores y discapacitados y hay carencias en inclusión. La cartera anterior garantizaba más servicios a pesar de que el Consell d’Eivissa no tenía tantas competencias como ahora».

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La consellera Escandell le ha recordado a Unidas Podemos que la anterior cartera de servicios, que sólo se aprobó de forma inicial, carecía de «todos los informes económicos» que en esta legislatura han redactado los propios funcionarios de la casa «y no un economista de fuera», como el que había contratado el anterior equipo de gobierno.. «En una legislatura y con una pandemia por en medio, hemos iniciado y acabado la cartera de servicios. Se garantizan los servicios que se tienen que garantizar. Es una cartera de servicios legal, estable, sólida y regulada», ha sentenciado la consellera de

Bienestar Social.

El vicepresidente segundo, Javier Torres, ha señalado que la cartera de servicios aprobada «es una garantía de atención a las personas que más lo necesitan en esta isla». El conseller de Ciudadanos ha arremetido contra Unidas Podemos por criticar una cartera «a la que no han presentado ni una alegación ni ninguna aportación. Lo que ustedes hicieron fue una chapuza».

El pleno ha finalizado con un aplauso por parte de los numerosos representantes de las entidades del tercer sector que hoy había entre el publico.

Beneficios concertación

Al finalizar el pleno, la consellera Carolina Escandell ha explicado que los servicios que ahora figuran en la cartera de servicios sociales, que son una cuarentena, «son los que ahora hay en marcha y los que se pondrán en funcionamiento de forma inmediata». Además, ha destacado los beneficios de la concertación de estos servicios en contraposición a la subvención, que es el método que se ha utilizado hasta el momento. «Las subvenciones son inciertas. Se pagan cuando se ha valorado el servicio y nunca tienes la garantía de que todo lo que pidas se te conceda. La concertación da estabilidad porque mes a mes se hace frente a los gastos necesarios y el servicio lo ofrece quien toca. Estos servicios sólo pueden concertarse con las entidades sociales que están registradas, donde prima la calidad del servicio en vez del componente económico. Los beneficios son clarísimos: se da estabilidad económica a las entidades y se garantiza que el servicio lo da una entidad con los estándares de calidad que toca».