Imagen de archivo de Rafa Ruiz y Joan Gual de Torrella la legislatura pasada.

El ‘caso Puertos’ se enreda. La magistrada instructora de la causa, Martina Mora, tiene que decidir en los próximos días si cita en calidad de imputado al alcalde del municipio de Ibiza, el socialista Rafael Ruiz.

La declaración como investigado ha sido solicitada por Club Náutico Doce Millas, que ejerce la acusación particular con cierta polémica en una de las piezas separadas, ante las sospechas de que intentó obtener dinero a cambio de retirarse del concurso para adjudicar el náutico que ahora está bajo investigación.

La juez planteó hace unas semanas a las partes qué hacer con cuatro citaciones: la de Ruiz, la del expresidente de Puertos del Estado, José Llorca; la de Álvaro Sánchez Manzanares, secretario general de Puertos del Estado y la del director de los servicios jurídicos del organismo.

La Fiscalía considera que no existen por ahora indicios de delito por parte de ninguno de ellos y aboga porque declaren como testigos. Doce Millas, sin embargo, entiende que los dos primeros tendrán que responder posibles preguntas incriminatorias para ellos y que, por tanto, necesitan la garantía de no estar obligados de decir verdad.

Ante la discrepancia entre las dos acusaciones, la magistrada dio un nuevo traslado a Doce Millas para que justificara los motivos para imputar a Ruiz y Llorca. En su respuesta ahonda en la necesidad de dar garantías procesales a ambos implicados en el caso. En concreto, sobre el alcalde de Vila sobrevuela la posibilidad de que existieran presiones políticas a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) para manipular la adjudicación del Náutico de Ibiza.

La posibilidad de que fuera arrebatada la instalación al histórico Club que lo manejaba desde hacía décadas provocó una amplia protesta en toda Ibiza y llegó a provocar iniciativas políticas.

En el concurso para gestionar el Club Náutico de Ibiza se incluyó una cláusula para premiar el arraigo que fue más tarde anulada por el TSJ que la consideró ilegal y que motiva las sospechas de prevaricación.