El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany se ha reunido con la Asociación de Promotores de Baleares (Proinba) para empezar a trabajar en la creación de una comisión conjunta que elabore un programa de ejecución urgente para la construcción en los próximos cuatro años de al menos 300 nuevas viviendas de protección oficial y de precio tasado. En la reunión se ha establecido que las conclusiones de la comisión y la propuesta concreta de los terrenos donde se ubicará la promoción tendrían que estar a disposición del Consistorio antes de acabar 2023.
La reunión la han mantenido el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra; el delegado de Proinba en Ibiza, Bartolomé Ramón, y el presidente de la patronal, Luis Martín, que han informado que los pisos de protección oficial de una habitación saldrían a la venta por 124.571 euros, los de dos por 166.095 euros y los de tres por 207.618 euros. En régimen de alquiler los pisos de protección oficial de un dormitorio se ofrecerían por 467 euros mensuales, los de dos por 623 euros y los de tres por 779 euros.
Las condiciones que ha puesto el Ayuntamiento a la hora de iniciar la planificación de este proyecto es que las personas que ya son residentes en Sant Antoni tengan preferencia en la adjudicación y que las viviendas de protección oficial se construyan con unos criterios exigentes de calidad, diseño y sostenibilidad medioambiental. También es una prioridad para el Consistorio que el entorno de la promoción cuente con una buena infraestructura de equipaciones (transporte, centros docentes, supermercados, etc.) que garanticen la calidad de vida de las personas adjudicatarias.
Finalmente, el Ayuntamiento también ha impuesto como requisito que la construcción de las viviendas sea económicamente sostenible, sin coste para los contribuyentes, por lo que se construirían sin invertir recursos municipales.
Según explicaron, podrían optar a las viviendas en régimen de venta unidades familiares con ingresos de hasta 41.000 euros (un miembro) o hasta 54.000 euros (tres miembros o más).
Los promotores consideran que, con la experiencia acumulada en iniciativas parecidas tanto en Baleares como la península, es posible poner sobre la mesa en el plazo fijado por el Ayuntamiento una propuesta viable económicamente que cumpla todas las estrictas exigencias municipales, de forma que los pisos se puedan adjudicar en construcción durante los próximos 18 meses.
Desde Proinba también han explicado que, según un informe de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), el sector privado ha construido en España, entre 1976 y 2022, un total de 3,27 millones de pisos con algún tipo de protección pública, lo que supone un 85% del total de los que se han puesto en marcha.
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