La consellera de Asuntos Sociales, Catalina Cirer, en su última visita a Ibiza. | Mellon

Catalina Cirer Adrover (Palma de Mallorca, 1963) es la actual consellera de Asuntos Sociales del Govern balear, pero esta veterana política del PP tiene una amplia trayectoria profesional que le ha servido para asumir otros cargos de responsabilidad como el de delegada del Gobierno en Baleares o el de alcaldesa de Palma, siendo la primera mujer en ocupar este puesto. Humilde y risueña destaca durante la entrevista que siempre se ha planteado la política como un servicio a disposición de la ciudadanía, y jamás como un «cargo de poder». Comparte que, aunque la gestión política es complicada, su trabajo le ha aportado infinitas satisfacciones personales durante estos años de vocación, tantos años que incluso adelanta que está viviendo el final de su vida laboral. Sin embargo, reconoce agradecida que se está despidiendo de la profesión desde una posición privilegiada como consellera de Asuntos Sociales. Un cargo que está afrontando con mucha «ilusión» y dedicación para ayudar a las personas más necesitadas a través de los proyectos y programas sociales impulsados por este departamento.

¿Qué balance político haría de este primer año como consellera de Asuntos Sociales del Govern balear?
—Esta Conselleria no es fácil de gestionar porque afecta a las personas y es la parte más sensible de nuestra sociedad. Ha sido un año con mucho trabajo, pero afortunadamente desde el principio pudimos configurar un gran equipo humano y esto fue muy importante a la hora de gestionar este departamento. Es cierto que también nos encontramos con una Conselleria de Asuntos Sociales que tenía que hacer frente a una serie de problemas, sin embargo, esto forma parte de nuestro trabajo y tienes que adaptarte a estas situaciones en contra. Para mí el balance es positivo porque hemos ido tomando nota de los problemas que tenemos y los hemos puesto en nuestra agenda.

¿Cuáles fueron los principales problemas?
—Especialmente el retraso en la valoración de personas con discapacidad, con dependencia no tanto, pero en el caso de los usuarios con discapacidad la lista de valoración es elevada y es una situación que lamentablemente este año no hemos podido revertir. También nos encontramos al llegar con una administración que tenía falta de personal técnico, no teníamos una persona al frente del Servicio de la UGE y tuvimos dificultades en el Departamento de Contratación porque había muchos contratos caducados y se hacían pagos de facturas al margen del reconocimiento de un soporte jurídico. Toda esta gestión es una labor interna que tienes que hacer dimensionando bien la estructura del Área para afrontar después la gestión en el día a día. También nos encontramos con un Gobierno central, que contaba con ministros nuevos, con el que tienes que encajar las diferentes propuestas y enfocar los problemas de una forma conjunta.

¿Qué retos se han logrado durante este primer año de mandato?
—Hemos sido capaces de afrontar nuevos retos, como, por ejemplo, el proyecto de Historia Social Única que acortará los plazos de gestión en los Servicios Sociales. Para nosotros es un objetivo importante a la hora de gestionar el futuro de este departamento. Creo que hemos sabido tomar buenas decisiones y afrontar nuevos programas, además todavía nos quedan tres años para continuar con nuestros proyectos, aunque es verdad que los años pasan muy rápido. Por este motivo, los planes de nuevas infraestructuras como la construcción de nuevas residencias para mayores son muy importantes. Sabemos que es un proyecto complicado porque es necesario encaminar esta gestión durante el primer año de legislatura, ya que lo que no inicies en el primer año difícilmente lo podrás ver terminado antes de que finalice el mandato. En estos cuatro años tenemos que hacer todo lo posible para seguir mejorando la calidad en los Servicios Sociales de Baleares.

Uno de los objetivos de esta Conselleria es cumplir lo antes posible con los compromisos políticos de campaña. Sin ir más lejos, hace unos días usted anunció el prometido plus de difícil cobertura para el personal de las residencias del Govern en Ibiza.
—Anunciar este plus sólo supuso unos veinte minutos, pero detrás de esta gestión hay muchas horas de esfuerzo y de negociación con Economía, Hacienda y Función Pública, además de con los sindicatos. Este plus es de justicia social, no sólo para los trabajadores, sino también para los usuarios. No podemos permitirnos el lujo, en ninguna de las islas, pero sobre todo en Ibiza, de no tener plantillas estables en las residencias para mayores. Tenemos que ofrecer una asistencia de calidad a todos los usuarios de los Servicios Sociales y veíamos que era muy difícil ofrecer esta asistencia de calidad en Ibiza en épocas como la estival porque era complicado afrontar las bajas. Observamos que si no tomábamos la iniciativa de declarar estas plazas de difícil cobertura, el personal que trabaja en las residencias de Ibiza se iría a trabajar a los centros gestionados por otras administraciones.

El esfuerzo económico realizado por parte de la Conselleria ha sido muy elevado.
—Sí, es cierto. Tuvimos la oportunidad de introducir esta medida social dentro del decreto de simplificación administrativa del Govern balear, lo cual nos ha acortado mucho los plazos. También tuvimos que determinar las cantidades en relación a todas las categorías profesionales porque desde el principio queríamos que todas ellas se viesen favorecidas con este plus una vez cuantificado todo. Haremos una inversión importante de casi 3,5 millones de euros para este complemento de difícil cobertura que se destinará a más de 340 profesionales. Efectivamente este complemento supone un gran esfuerzo económico, pero se lo merecen porque es un trabajo que se tiene que valorar. Además, este personal estaba recibiendo una retribución inferior con respecto al personal de otras administraciones, lo que ocasionaba una injusticia y dificultades para cubrir las plazas que dejaban los profesionales que optaban por dejar su puesto. De esta manera garantizamos un servicio de calidad a todos nuestros usuarios.

Asuntos Sociales también se comprometió con las familias de los usuarios de Sa Residència Colisée a velar por una buena atención, cumpliendo la concesión que el Govern mantiene con este centro. ¿En qué situación se encuentra actualmente Sa Residència?
—Nos reunimos con las familias de los usuarios y nos expusieron su problemática; nosotros desde ese momento hemos estado en contacto con ellos. También estamos en coordinación con el Consell d’Eivissa y también con la dirección del centro para atender las demandas de los familiares y mejorar la situación asistencial. Considero que a lo largo de este tiempo, aunque insistan en algunas deficiencias, la situación ha mejorado mucho y no dejaremos de estar pendientes de estas familias y los usuarios de Sa Residència Colisée. También estamos apoyando al Consell insular en todas sus actuaciones y estamos en contacto con la dirección del centro para conocer si se están cumpliendo todas las exigencias solicitadas por el Consell a la hora de ofrecer este servicio asistencial. En materia de infraestructura, este centro es una gran residencia, sin embargo, el cambio en la propiedad propició estas diferencias en la gestión del espacio.

Qué necesario es disponer de una Ley Integral de las Personas Mayores.
—Esta Ley Integral es una demanda por parte de diferentes colectivos de personas mayores. Yo he estado en diferentes reuniones con entidades y sindicatos de jubilados que realizan una labor reivindicativa importante y reclaman esta Ley, así como los familiares de usuarios de residencias. Considero que tenemos que tomar nota y ser capaces como administración autonómica de recoger estas demandas y elaborar una norma que garantice los derechos de este colectivo.

¿Cuáles son los proyectos sociales más destacados que la Conselleria está desarrollando actualmente o tiene previsto iniciar?
—El cambio de modelo del Gobierno central en el reparto de alimentos a las personas desfavorecidas, propiciado por Europa, hará que en 2025 no lleguen más alimentos a los distintos países miembros de la UE y, por tanto, tendrá que cambiarse esta disposición. El modelo que se establecerá es el de una tarjeta vinculada a establecimientos comerciales, que sólo llega a un porcentaje pequeño de familias que en este momento reciben alimentos. Nosotros tendremos que hacer algo para dar continuidad a la atención que reciben las familias que se quedan fuera de este modelo porque la tarjeta que impulsa el Gobierno central es sólo para usuarios con menores a cargo. No obstante, hay muchos usuarios mayores y con discapacidad que no tienen menores a cargo; personas solas que también necesitan esta ayuda de alimentos. Por este motivo, seguiremos manteniendo este reparto, aunque sea con fondos propios de la administración autonómica.

Antes también ha destacado el proyecto de Historia Social Única como un gran avance para este mandato. ¿En qué consiste?
—Dentro de los Servicios Sociales tenemos el proyecto de Historia Social Única, un modelo de gestión que nos permitirá tener una tarjeta social única para los usuarios de Servicios Sociales y que tenemos que gestionar para tener una base de datos unificada entre las distintas administraciones. También queremos ser más efectivos a la hora de tramitar las necesidades de las personas con discapacidad y dependientes con valoraciones más ágiles y, para ello, tendremos que ser capaces de revertir la estructura; no pensar tanto en el modelo residencial sino acoger la propuesta europea de institucionalización de los distintos colectivos. Esto supone atender a las personas mayores donde quieran ser atendidas y muchas de ellas, la gran mayoría, quieren ser atendidas en su domicilio. Nuestra gran apuesta es dotar de más recursos sociales al servicio para lograr este cambio de paradigma en la atención a las personas mayores.

¿Qué retos tiene la Conselleria en torno a la violencia de género y la inmigración en las islas?
—Son dos retos muy importantes, ya que desde el Gobierno central no son capaces de ser eficaces contra esta lacra de la sociedad, pese al dinero invertido en políticas de Igualdad. Lamentablemente hay días que vemos cómo se llegan a contabilizar hasta seis asesinatos en una misma jornada. Por eso tenemos que seguir luchando para combatir la violencia de género y, sobre todo, seguir haciendo políticas eficaces por la igualdad entre hombres y mujeres. Nosotros, a través del Instituto Balear de la Mujer, ofrecemos servicios a todas las islas durante todo el día para atender todas las peticiones de mujeres víctimas de violencia de género y hacer un acompañamiento en determinados casos. En el caso de la asistencia humanitaria, tenemos que seguir trabajando en cooperación e inmigración. El próximo miércoles tenemos una conferencia sectorial para abordar esta situación en Baleares con el objetivo de conocer qué asistencia ofrecer tanto a los migrantes mayores como a los menores no acompañados que llegan a nuestras islas. Es una cuestión también de política migratoria nacional e incluso a nivel europeo. Nuestro objetivo es poder ofrecer también programas para que los jóvenes que salgan de los centros de protección tengan un futuro y un recurso de emancipación que les garantice ese paso a la vida adulta con garantías de formarse o tener un empleo.

En materia juvenil está la Oficina de la Infancia y de la adolescencia de Baleares como soporte para este colectivo.
—Sí, tenemos la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia, organismo que depende del presupuesto de la Conselleria, pero es un órgano que tiene independencia a la hora de recibir las peticiones, las denuncias y las propuestas de mejora. También dispone de un teléfono de atención al menor, a los jóvenes y adolescentes de las islas durante todos los días del año. Una gestión que se hace con la máxima discreción a la hora de elevar sus peticiones, necesidades y quejas para que después puedan ser atendidos. En definitiva, todos estos servicios son indispensables para garantizar el bienestar y los derechos de estos colectivos.

Muchos retos y desafíos por delante durante esta legislatura.
—Tenemos mucho trabajo que nosotros no podemos hacer solos; necesitamos coordinarnos con los consells insulares y, evidentemente, con los ayuntamientos porque son la primera puerta de entrada a los Servicios Sociales. Por este motivo no podemos descuidar las ayudas sociales a los planes básicos de los consistorios y seguiremos con todas las prestaciones económicas que hacemos llegar a todas las personas más vulnerables de Baleares.

Entre estas ayudas está el pago de la Renta Social Garantizada (RESOGA) a las familias sin ingresos económicos de Baleares. ¿Cuántos perceptores hay actualmente en total en Baleares? ¿Y en Ibiza?
—Sí, está el pago de la Renta Social Garantizada y tenemos que hacer todo lo posible para que se cumpla la normativa de forma eficaz con el objetivo de que este pago llegue en tiempo y forma a las personas que realmente lo necesitan. Respecto al número de perceptores, cada mes se suelen pagar cerca de 3.000 nóminas de Renta Social Garantizada que van variando porque a veces se producen altas y otras veces se producen bajas. Están presupuestados más de 30 millones de euros por este concepto. En Ibiza actualmente hay 216 perceptores de RESOGA.

En Ibiza se han incrementado el número de asentamientos en los últimos años, ¿de qué manera Asuntos Sociales puede mitigar este problema social en las islas?
—De esta gestión se encargan los consells insulares a través de sus áreas de inclusión social, pero evidentemente desde la Conselleria de Asuntos Sociales ofrecemos atención y valoramos qué medidas se pueden poner sobre la mesa. Tenemos convenios con las diferentes entidades sociales, las cuales visitan estos asentamientos y realizan controles. A través de Cruz Roja se les ha ofrecido plazas de alojamiento en algunos de sus espacios, pero no siempre quieren ir a estos centros. En cuanto a las soluciones existentes, hay que señalar que es un problema residencial y hay diferentes opciones municipales que se pusieron en marcha para proporcionar a estas personas un recurso habitacional. Durante este tiempo se pueden estabilizar en este recurso y luego buscar una vida más normalizada con la oportunidad de lograr un empleo y conseguir una vivienda. Otra solución es hacer políticas de vivienda más eficaces de las que ha habido hasta ahora.

¿Qué políticas de vivienda cree que ayudaría a paliar esta situación?
—Ser capaces de poner en el mercado recursos habitacionales a un precio tasado, tanto de alquiler social como de compra. Mientras las políticas que han diseñado desde Vivienda tengan sus efectos, es esencial construir nuevos pisos a través de los terrenos que han puesto a disposición del Govern balear muchos ayuntamientos de Baleares.

En Ibiza la situación de falta de vivienda asequible se ha agravado exponencialmente aumentando las personas en situación de vulnerabilidad.
—Sí. En Ibiza se está trabajando para poder ofrecer a estas familias vulnerables espacios sociales. Hace poco se inauguró el Centre d’Acollida Natzaret, que es un recurso residencial al que pueden acudir de forma temporal las personas que tienen dificultades habitacionales. Además, Cáritas quiere impulsar un proyecto que ya existía en Palma, pero no en Ibiza, que es un piso también para acoger a la población reclusa que sale con permisos penitenciarios de salida en tercer grado y no tiene un lugar a dónde ir. Son muy buenas iniciativas que tenemos que apoyar; si tenemos que suscribir un convenio con Cáritas para ayudarles en la financiación lo haremos porque son iniciativas muy importantes para hacer frente a una problemática que es cada vez más grande en Ibiza y que afecta, ya no sólo a personas vulnerables, sino también a personas jóvenes que tienen que empezar a trabajar o que han empezado a trabajar sin posibilidades de alquilar o de comprar una vivienda.