«No existen actos de hostigamiento intencionados para producir terror a la interventora»

Sin embargo, el juez considera que estas grabaciones no demuestran un comportamiento constitutivo de delito. «En todos esos audios no se observan conductas atribuibles al señor Marí Torres que puedan entenderse como presión violenta o atentado contra la libertad, ni hay un solo grito o término injurioso o humillante», señala el juez instructor.

Además de las discrepancias entre Vicent Marí y la interventora con ocasión de la campaña La vida islados, Tur Díaz también señala otros dos momentos clave. El primero fue la aprobación de los primeros presupuestos de la pasada legislatura, una situación de «ansiedad y estrés» para la entonces vicepinterventora después de la jubilación del interventor un año antes. Para el juez, esta «situación de discrepancias entre funcionarios con alta carga de trabajo o de situación laboral tensa en la que intervienen múltiples personas, departamentos y factores subjetivos no atribuibles a una persona concreta» no supone un caso de coacciones. Y tampoco el hecho de que Vicent Marí, según la interventora, retrasara de forma arbitraria su ascenso. De hecho, se ha constatado que Tur Díaz no cumplía los requisitos para presentarse a esa convocatoria al no pertenecer a la categoría superior cuando se presentó al concurso para el puesto. No fue hasta julio de 2022 cuando Vicent Marí la nombró interventora, una vez ya cumplía con todos los requisitos legales.   

La Fiscalía y las demás partes personadas, una vez se les notifique la resolución del juez, tienen trs días para interpner los oportunos recursos de reforma y de apelación subsidiario.