Pep Tur y Cristina Ribas, en el banquillo de los acusados

Pep Tur presidió el consistorio ‘portmanyí’ entre 2015 y 2019, siendo el primer alcalde socialista del municipio desde la llegada de la democracia. Lo hizo, como suele suceder, gracias a un pacto de todos contra el PP: PSOE (seis concejales), Reinicia (cuatro) y PI (tres) frente a los ocho ediles ‘populares’, liderados por Pepe Sala. Ese pacto acabó hecho añicos al final del mandato, cuando el PI abandonó el equipo de gobierno municipal, pero la izquierda retuvo a mayoría en el pleno gracias a que Cristina Ribas, que había logrado ser concejala como candidata del PI, tomó la decisión de abandonar la formación regionalista, aunque sin entregar el acta lograda con el apoyo de los votantes del PI. Siguió formando parte del equipo de gobierno como responsable de Urbanismo en un caso de transfuguismo de manual.

En las elecciones de 2019 ya se incorporó en la lista electoral de PSOE Reinicia, pero aquella jugarreta tramada contra el PI les costaría el gobierno, pues Joan Torres pactó con el PP, haciendo alcalde a Marcos Serra.

NUEVO CHIRINGUITO

En julio de 2017, la empresa Bambagas S.L. obtuvo la autorización de la Demarcación de Costas, con informes favorables del Govern balear y del Ayuntamiento de Sant Antoni, para instalar un chiringuito desmontable en Cala Gració. La licencia municipal fue otorgada en abril de 2018, permitiendo la instalación de un quiosco-bar de temporada completamente desmontable, con vigencia hasta 2020.

Inicialmente, la empresa contaba con todos los permisos necesarios para operar. Sin embargo, tras una protesta organizada en junio de 2018 por miembros de la plataforma Prou!, que se oponían a la instalación del chiringuito, el Ayuntamiento de Sant Antoni cambió su postura. El consistorio decidió que se requería un certificado de final de obra para la apertura del establecimiento, a pesar de que la instalación era desmontable y no implicaba una obra permanente.

Como resultado de ese cambio de criterio, el Ayuntamiento impidió la puesta en funcionamiento del chiringuito, lo que llevó a la empresa a despedir a cinco empleados y a encargar un peritaje para cuantificar las pérdidas económicas ocasionadas por la Administración. Invirtieron en la instalación y contratación de personal basándose en los permisos inicialmente concedidos, pero nunca pudieron desarrollar su actividad.

QUERELLA CRIMINAL

Bambagas S.L. presentó en 2018 una querella contra Josep Tur y Cristina Ribas, acusándolos de prevaricar al frenar la puesta en marcha del chiringuito a pesar de que, según la empresa, contaba con todas las licencias necesarias. La Fiscalía solicitó el sobreseimiento de la causa, sin éxito. Se prevé que en el juicio se pida la absolución de ambos acusados, mientras que la acusación particular, ejercida por la empresa perjudicada, reclama para ambos acusados la inhabilitación para cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante 12 años.

INDEMNIZACIÓN MILLONARIA

La Audiencia Provincial, tras el juicio que comienza este lunes en Palma, determinará si hubo o no prevaricación por parte de los exresponsables municipales. Pero al margen del proceso penal, la controversia está lejos de quedar resuelta. Los promotores del frustrado chiringuito reclaman al Ajuntament de Sant Antoni una indemnización de 672.000 euros (160.000 por daño emergente y 512.000 por lucro cesante) por los perjuicios sufridos durante la temporada 2018 y otros 550.000 euros por el lucro cesante estimado en 2019. Y aunque un informe del Consell Consultiu de 2024 rechazó indemnizar a Bambagas con 1,2 millones de euros, finalmente serán los tribunales los que decidan sobre la cuestión