El juez decano de Ibiza, Sergio González Malabia, ha alertado este miércoles contra las acciones ciudadanas en casos de ocupación ilegal de inmuebles, tal y como sucedió semanas atrás en Sant Antoni. Lo ocurrido en este municipio es «un precedente muy peligroso», ha señalado González Malabia durante una entrevista en el programa Bona Nit Pitiüses (BNP) de la TEF.
«Es eso de solo el pueblo salva al pueblo», ha añadido el juez, «al final, es un ojo por ojo, diente por diente y no es la forma de proceder. En un Estado democrático hay mecanismos suficientes. Que fallan, sí, que son lentos o ineficaces. Habrá que buscar entonces la solución para que esos mecanismos sean eficaces pero no tomarse la justicia por su mano».
En la misma entrevista, el juez decano también ha señalado que, tal y como ya avanzó Periódico de Ibiza y Formentera, se está registrando un incremento de denuncias contra propietarios que pretenden acceder a sus inmuebles por vías ajenas a la judicial. En este sentido, González Malabia ha recordado que acciones como la entrada en los inmuebles o el corte de los suministros son delito.
El decano, por otro lado, se ha referido en el BNP a lo sucedido este lunes en el asentamiento de Can Rova II, donde a primera hora de la mañana se ha iniciado un desalojo ordenado por un juzgado de Palma y que posteriormente ha sido cancelado. González Malabia ha explicado el proceso que se sigue en Ibiza con respecto a este terreno es un procedimiento posesorio de efectividad de derechos reales inscritos en el que el demandante «ha exigido una caución en caso de que el demandado quiera contestar». Ahora mismo, se está a la espera e la respuesta a esa caución. El juez ha explicado que «no es un procedimiento rápido» y que podría similar al de Can Rova I.
Sobre este caso, el juez decano ha recordado que, aunque lo habitual es tratar el tema desde la perspectiva de los propietarios, las leyes ofrecen también «muchas armas» a los arrendatarios y a los ocupas. Por ello, ha añadido, «si un abogado sabe manejar bien los distintos recursos que le ofrece la ley, el procedimiento se puede alargar bastante».
Sergio González Malabia también se ha referido en el programa de la TEF a la situación del edificio de los Juzgados de Ibiza, donde falta aún por ejecutar el 40% de la obra. Esto se traduce en que los seis juzgados de primera instancia e instrucción se encuentran desde hace años en el edificio del CETIS, pagando el Ministerio de Justicia un alquiler que, según ha dejado entrever el juez decano, es elevado. Por ello ha reivindicado una vez más a Justicia que acabe la obra, cuyo presupuesto es de 5 millones de euros y que ya debía haber salido a licitación.
González Malabia también ha reivindicado el plus de insularidad como fórmula para conseguir una plantilla judicial estable. Y es que, según ha explicado, los Juzgados de Ibiza, como el resto de instituciones estatales en la isla, se ven muy afectados por la situación de la vivienda y del alto coste de la vida aquí. Por ello considera que el pulsátil de insularidad facilitaría tanto la llegada del personal necesario como la fidelización de este.
El juez decano, finalmente, ha lamentado que, a nivel nacional, el Poder Judicial esté sometido en estos momentos a fuertes críticas por parte de los políticos. Además, ha añadido, esta situación se agrava ante la falta de inversiones en la Justicia, que provoca que para el ciudadano esta sea más lenta y menos eficiente de lo que sería de esperar.
