Desalojo de Can Rova

Chabolismo en Ibiza: «Me pedían 750 euros por una habitación compartida con alguien que no conoces»

Ocupantes de Can Rova II afirman que trabajan «honradamente» y que ahora les han cortado la luz y el agua

Extensión del terreno privado que ocupan.

TW
44

«Me avisaron a las 10.00 horas del miércoles; yo estaba fuera y vine corriendo. Cuando llegué ya estaba el camión quitando mis cosas, aunque nos habían dado de margen hasta las 15.00 horas». Éste es el testimonio de una de esas personas residentes en el asentamiento de Can Rova II que el pasado miércoles a primera hora se sorprendían con la noticia de que el lugar iba a ser desalojado antes de las tres de la tarde -aunque luego sería anulado por un recurso presentado ante el Contencioso Administrativo de Palma de Mallorca-. Este viernes por la mañana varios de ellos abrieron a Periódico de Ibiza y Formentera las puertas del asentamiento y explicaron cómo vivieron esa jornada y los días posteriores, aunque siempre de manera anónima.

Si el intento de desalojo fue el miércoles, tan solo un día después recibían un nuevo revés ya que verían como se les cortaba el suministro de luz y agua. «Es muy difícil, sentimos miedo, sentimos presión, mucha indignación. Tratamos de volver a la normalidad, pero es muy complicado», explica este mismo hombre.

Junto a él, una mujer afirma que lo más duro fue ver a su hijo ante la posibilidad de un nuevo desalojo: «llegó del colegio y decía que no se quería ir de la casita, que no quería que le tumbaran la casita como le pasó la otra vez». Ellos viven en una de esas improvisadas casas que han fabricado y para las que han invertido «en torno a 4.000 euros», algo que ya hicieron en el primer asentamiento de Can Rova.

Si en algo coinciden todos ellos es en señalar la supuesta falta de notificación por parte del Ayuntamiento de cara al desalojo: «si supiéramos que esto iba a pasar nos habríamos preparado, pero de repente nos encontramos con un montón de policías, personal de limpieza, equipos para retirar nuestras pertenencias entrando por todas partes», explica uno de ellos. «No tienen en cuenta que aquí hay niños, hay mujeres embarazadas», añade otra.

Noticias relacionadas

Todos ellos llegaron a este estilo de vida cuando arrendaron una parcela en el terreno de Can Rova y cuando éste fue desalojado en julio del año pasado, emprendieron el camino hacia otro terreno. Si finalmente son desalojados de los terrenos privados que han ocupado ahora, conocidos popularmente como Can Rova II, seguramente se vean abocados una vez más a este estilo de vida porque los precios de la vivienda no le permiten otro, según argumentan.

«Después del desalojo fui a buscar vivienda, pero lo que me encontré eran habitaciones en las que te cobraban 750 euros mensuales por una cama en una habitación que compartías con otra persona que no conoces. La nevera la tenías que compartir con siete u ocho personas más. Nosotros aquí al menos tenemos la certeza de conocernos casi todos», explica otra de las mujeres del asentamiento, pero sus palabras son reafirmadas por sus compañeros.

Sin embargo, no son personas desempleadas. La mayoría de ellos trabajan en la construcción en caso de los hombres y en la limpieza, en caso de las mujeres. «Si no fuera por nosotros los latinos, la mayoría de los trabajos duros de la isla no se harían. Nosotros hemos venido aquí a trabajar honradamente», concluyen.

Valoración política

Por otra parte, Guadalupe Nauda, concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Eivissa, compareció este viernes a las puertas del asentamiento para ofrecer declaraciones sobre la paralización del proceso judicial en Ibiza. En este sentido, la representante de Podemos se mostró muy satisfecha con que se haya recogido en el auto del juez tanto «la situación de vulnerabilidad de todas aquellas personas residentes», tanto como la condición de grandes tenedores de vivienda de la parte propietaria que, en zonas tensionadas como es la isla de Ibiza, se considera a partir de las cinco viviendas en propiedad. En cuanto a los pasos a futuro, Nauda afirmó que están tratando de conseguir el acceso al contencioso administrativo que autorizó el desalojo del pasado miércoles y que también van a exigir «el empadronamiento de las personas que aquí residen, una vez que la Policía ya ha identificado a las personas que viven aquí».