El Consell d’Eivissa ha valorado positivamente el decreto ley de medidas de contención turística aprobado ayer por el Govern balear que permitirá, entre otras cuestiones, el intercambio de plazas turísticas que se den de baja a partir de su entrada en vigor. Un proceso que la institución insular pretende consensuar con los ayuntamientos y el sector turístico, aunque es partidaria de que las plazas que se liberen vayan a establecimientos turísticos dedicados al turismo familiar y que estén abiertos en temporada baja y media.
Los hoteleros en principio también ven con buenos ojos la posibilidad de intercambiar las plazas turísticas, aunque sostienen que «no serán números importantes, pero es bueno que se dé cierta flexibilidad», apunta el gerente de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera, Manuel Sendino.
Otro de los aspectos que destacan desde el Consell d’Eivissa es que la actual bolsa de 9.000 plazas turísticas continuará congelada hasta que se decida el tope a través del Plan de Intervención en Ámbito Turístico (PIAT) que en la actualidad está en su fase de recopilación de datos para su diagnóstico. Un PIAT que el vicepresidente primero del Consell d’Eivissa, Mariano Juan, espera que vea la luz antes de que acabe la legislatura. «Estamos contentos de que, tal y como pedimos, la bolsa de plazas esté suspendida hasta que aprobemos el PIAT. Tenemos que ser los ibicencos los que decidamos si queremos más o menos plazas turísticas, aunque nosotros ya dijimos en su día que eliminaríamos estas plazas», destaca Mariano Juan.
Sendino también se mostró partidario de borrar del mapa estas 9.000 plazas turísticas afectadas por la moratoria. No obstante, «yo dejaría un pequeño cupo para aquellos que tuvieran algún solar urbano con posibilidad para transformarlo en equipamiento turístico».
El vicepresidente del Consell d’Eivissa recordó que la filtración de la moratoria turística en la anterior legislatura provocó la solicitud de casi 500 nuevas plazas el mismo día. «Habríamos tenido un problema si se hubiera levantado ahora la moratoria», añade Mariano Juan.
Oferta ilegal
Entre las medidas aprobadas para perseguir la oferta ilegal destaca la obligatoriedad de los portales comercializadores de exigir el número de registro del alojamiento a comercializar, en el cual se responsabiliza de posibles infracciones tanto a los propietarios como a las plataformas comercializadoras.
En cuanto a las sanciones, aumentan un 25 % con multas de hasta 500.000 euros. Concretamente, las muy graves pasan de la horquilla de 40.001–400.000 euros a la de 50.001-500.000 euros; las graves, de 4.001-40.000 euros a 5.001-50.000 euros, y las leves, de 0-4.000 euros a 0-5.000 euros. Los propietarios sancionados podrán obtener una rebaja de hasta el 80 % de la sanción si destinan su vivienda al alquiler social o al alquiler de precio limitado.
El texto también recoge el establecimiento del marco de regulación de nuevas zonas saturadas y de reconversión, que podrán ser declaradas por los consejos insulares previa presentación de un plan estratégico de actuación, así como de un régimen extraordinario de modernización de establecimientos para fomentar la modernización de la oferta, que permitirá el aumento de la superficie de establecimientos turísticos hasta un 10 %, sin permitir ni el crecimiento en altura ni tampoco el aumento de nuevas plazas turísticas.
Las zonas saturadas y de reconversión serán estratégicas a la hora de asignar ayudas de la Administración y tendrán que estar dentro de un proceso de certificación de calidad SICTED.
Por otro lado, el gerente de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera valoró positivamente el hecho de que en este decreto ley no se haya incluido el incremento de la ecotasa, como pretendía el Govern.
El decreto ley también prohíbe las viviendas turísticas en edificios plurifamiliares en todos los municipios del archipiélago balear. «Es de sentido común: la convivencia de usos turísticos y residenciales es una pesadilla para los vecinos», afirma Sendino.
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