CSIF avisa: «Ningún modelo judicial tiene futuro en Ibiza si no somos capaces de cubrir las plazas»

Un nuevo modelo que, según alertó el portavoz del sindicato CSIF del sector de Justicia en Baleares, Pablo Rodríguez, no resolverá los problemas de fondo del sistema sin una inversión significativa y sin personal suficiente. En relación a Ibiza y esta falta de medios, precisó que «ningún modelo judicial tiene futuro en la isla si no somos capaces de cubrir todas las plazas de Justicia».

Hay que señalar que Rodríguez se trasladó esta semana a Ibiza junto a los responsables sindicales del sector de Justicia de CSIF en Baleares, Juan Luís Morata y José Antonio Muñoz que, junto al secretario insular del sindicato en las Pitiusas, Juan Nieto, estuvieron en la Oficina de Fiscalía y en los juzgados de Instrucción número 3 y 4 de Ibiza para informar a los funcionarios sobre estos cambios en la estructura organizativa. «Hace unas semanas estuvimos con reuniones en las sedes judiciales ubicadas en el edificio del Cetis. Nuestro objetivo es desplazarnos a todos los órganos de la isla para informar al personal», manifestó durante la jornada informativa.

Una ronda que interrumpieron en los juzgados de sa Graduada para compartir con Periódico de Ibiza y Formentera las quejas, dudas y preocupaciones que los funcionarios de Justicia de la isla trasladaron a esta entidad durante los encuentros. En este sentido, desde CSIF explicaron que abordan con estos profesionales el futuro que supone para el sector la reforma del sistema, teniendo en cuenta la falta de recursos que existen actualmente en Baleares, y concretamente en Ibiza.

Adaptación «caótica»

Al respecto, Rodríguez lamentó que la adaptación de un modelo a otro será «caótica porque siempre sucede esta situación cuando se cambia de sistema». Además, insistió en que esta reforma, impulsada por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones, que dirige Félix Bolaños, llega sin refuerzos judiciales y sin inversiones económicas. «Vamos en un avión que está mal capitaneado, pero no queremos que se estrelle porque vamos dentro», destacó el delegado del sindicato CSIF José Antoni Muñoz, haciendo referencia a esta falta de recursos – que agravará la carga laboral actual – y al esfuerzo extraordinario que tienen que hacer los profesionales para que el sistema judicial funcione correctamente.

Es por eso que, ante esta reorganización estructural de la Justicia, desde el sindicato se mostraron preocupados al entender que esta transformación no cumplirá los objetivos marcados por el Ministerio, como son agilizar la carga de juzgados y tribunales, modernizar el servicio y homogeneizar los criterios, entre otros propósitos. «Esta reforma busca colectivizar el trabajo y homogeneizar todas las prácticas, pero veremos si se consigue una homogeneización al alza o a la baja», precisó Juan Nieto, mientras desde la entidad especificaban que, a partir del 31 de diciembre de 2025, que es la fecha definitiva para la aplicación de la esta ley, se pasará de funcionar con «departamentos estancos», que son cada uno de los órganos judiciales, a una unificación laboral.

Cabe recordar que esta norma propone la creación de tribunales de instancia, que son órganos colegiados que unificarán los juzgados de primera instancia bajo una misma estructura en cada partido judicial. Además, tal como lamentaron durante esta entrevista, se establecerán Oficinas de Justicia y se asignarán nuevas competencias a los juzgados especializados en Violencia sobre la Mujer, ampliando su ámbito de actuación para incluir delitos contra la libertad sexual. Al respecto, desde CSIF explicaron que están en plena negociación con el Ministerio para abordar esta implementación de tribunales de instancia.

«Hay muy poca voluntad por parte del Ministerio de negociar porque tienen mucha prisa a la hora de implantar de cualquier forma esta medida. No están abiertos a ningún tipo de negociación; han estructurado este modelo judicial y lo quieren implantar sí o sí», aseguró el presidente del sindicato del sector de Justicia en Baleares, Juan Luís Morata, agregando que, en relación a la inversión pública, siempre trasladan desde el Gobierno que no hay recursos para mejorar las plantillas, para reformar las sedes e incluso para actualizar los diferentes protocolos.

«Esta medida es una imposición con una negociación simulada. Evidentemente nosotros ponemos todo de nuestra parte para intentar negociar, pero es como chocarte contra un muro», añadió, al mismo tiempo que Rodríguez destacaba otras de las medidas que contempla la Ley Bolaños, y que perjudican al sector. Entre ellas, la obligatoriedad de recurrir a Medios Alternativos de Resolución de Conflictos (MASC) antes de poder acudir a los juzgados en la mayoría de conflictos civiles y mercantiles, la reorganización de plantillas y la consolidación del nuevo modelo de justicia digital y especializada. Respecto a la adaptación de la Justicia al mundo digital, desde el sindicato denunciaron que para lograr esta transformación tecnológica los profesionales sólo cuentan con tres horas de formación.

Todos estos problemas, denunciaron, perjudicarán el trabajo de todos estos trabajadores, especialmente en Ibiza, ya que estos funcionarios estatales siguen padeciendo el sobrecoste de la insularidad debido a que todavía no se ha equiparado el plus por residencia de estos trabajadores con los de Canarias. «Este complemento, que depende de Madrid, serviría para que mucha gente no se fuera de Ibiza», destacó Rodríguez, mientras Nieto lamentaba el número de renuncias en el sector que hay cada año en la isla. «Cubrir una plaza aquí es más complicado tras una renuncia, sobre todo durante la temporada turística», explicó, haciendo hincapié en que, actualmente, faltan por cubrir en Ibiza el 10 % de las plazas.

Interinaje

Además, según agregó, la plantilla soporta una interinidad del 80 % y, por lo tanto, según indicó, los procesos de estabilización no resolverían las numerosas rotaciones de personal que sufre el ámbito judicial de Ibiza. «La gente está muy quemada; no tiene sus jornadas mínimas de descanso reguladas. Somos pasajeros del Titanic que estamos achicando agua con cucharitas de helado, que es lo que nos da el Ministerio para achicar agua», manifestó Muñoz, al mismo tiempo que Morata destacaba cómo en las convocatorias de plazas de Justicia en Baleares, se llegaron a ofertar más de 1.000 puestos para asegurarse poder cubrir las plantillas.

Asimismo, también se mostraron preocupados ante los concursos de traslados convocados en 2025 porque temen que haya personal que decida concursar y abandone la isla en medio de un colapso judicial. Al respecto, Nieto destacó cómo el Juzgado de lo Social de Ibiza y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer están desbordados, señalando juicios para dos años. «Es necesario un Juzgado de lo Social número 2 en la isla», puntualizó con rotundidad.