Vivienda

Ayuntamientos de Ibiza celebran que se puedan construir pisos asequibles en rústico

«Es una iniciativa valiente», sostiene el alcalde de Sant Josep, que cree que también podrá obtener suelo para equipamientos

Vista aérea de la localidad de Sant Antoni. | ARCHIVO

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Las reacciones en Ibiza al acuerdo alcanzado entre el Govern y el grupo Vox en el Parlament para desbloquear suelo y conseguir más viviendas a precio limitado no se han hecho esperar. Desde el Ayuntamiento de Sant Josep aseguran que «de momento, la partitura nos gusta pero hay que esperar a escuchar la música», apunta su alcalde, Vicent Roig.

«Vemos que se trabaja por encontrar fórmulas para la gran problemática de la vivienda. Nos parece una buena iniciativa, valiente y de lo que se trata es de buscar soluciones y recoger las demandas de los ayuntamientos. Es una buena oportunidad para obtener terrenos para equipamientos municipales», insiste Vicent Roig, quien esperará a leer «la letra pequeña» del acuerdo entre Vox y el Govern para ver cómo se concretan las medidas anunciadas este lunes. «Nos gusta, pero hay que ver cómo se hará y se resolverá esta situación, porque solo tenemos conocimiento de lo que se habló en la rueda de prensa y en el Parlament», añade Vicent Roig.

Por su parte, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Eulària valora «positivamente cualquier cambio que facilite la construcción de vivienda accesible para los residentes, como es el anuncio de que se posibilitará desclasificar las áreas de transición en suelo rústico».

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Desde el PP de Ibiza también ven «con muy buenos ojos» este acuerdo anunciado entre el Govern y Vox. «Desde luego, para bajar el precio del suelo, que es uno de los factores principales de los precios disparados de la vivienda en la isla de Ibiza, hay que crear más suelo urbano residencial que se dedique en su mayor parte a los residentes de Ibiza que lleven un tiempo viviendo en la isla, que se dediquen a viviendas de precio limitado y que esté condicionado a la disponibilidad del agua», señala su vicesecretario de Política Insular, Mariano Juan.

En este sentido, cabe recordar que el Govern está estudiando la implantación de una cuarta desaladora en Ibiza. «Estos pisos de precios limitados para residentes no podrían ponerse en uso hasta que hubiera desalación de agua suficiente», por lo que el planteamiento para la construcción de estas viviendas es «a años vista. Son operaciones urbanísticas complejas que se simplificarán con esta tramitación de la ley. Mientras, hay que construir una desaladora y garantizar el suministro del recurso hídrico», insiste Juan.

Unas medidas que junto a la eliminación del impuesto a la compra de viviendas para menores de 30 años o la reducción a la mitad para menores de 36 años, la iniciativa Lloguer Segur o la cesión de solares al Ibavi «supondrá en relativamente poco tiempo que tengamos un parque de vivienda suficiente para permitir una bajada o la estabilización de precios en la isla de Ibiza», apunta el vicesecretario del PP.

Por otro lado, desde el GEN-GOB acusaron a Vicent Marí de «sacar pecho por restringir mínimamente el acceso de vehículos a Ibiza, pero miles de nuevas plazas residenciales y turísticas en una isla completamente colapsada. Nadie al volante de estas islas. La Historia juzgará».

Medidas contra los ‘okupas’ y reserva para los ayuntamientos

La futura normativa mantendrá la condición de que el 50 por ciento de las nuevas viviendas sea de protección oficial o de precio limitado. También se cederá un 15 % del aprovechamiento del suelo a los respectivos ayuntamientos, con lo que se buscará facilitar vivienda a funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sanitarios, docentes o de la administración de Justicia. Asimismo, incluirá medidas como la exclusión de las ayudas al alquiler o de la posibilidad de acceder a una vivienda de protección pública a las personas que hayan sido condenadas de forma firme por delitos de usurpación o allanamiento de morada y se habilitarán ayudas para los perjudicados. El conseller Mateo descató el lunes que estas limitaciones a los condenados no serán de por vida, mientras que Cañadas, en cambio, subrayó que las medidas están «para dar soluciones a la emergencia habitacional y no para premiar a delincuentes».