La presidenta de la Asociación de Construcción y Derivados de la Pequeña y Mediana Empresa de Ibiza y Formentera (Pimeef), Consuelo Antúnez, consideró este martes que el decreto ley de vivienda para desbloquear suelo en Baleares tiene luces y sombras.
Antúnez explicó que en dicha medida puede hablarse de dos cuestiones diferentes. Una de ellas se refiere a los Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE) en suelos urbanos y urbanizables que se amplía ahora a todos los municipios de más de 10.000 habitantes. Según consideró, «es muy buena noticia porque lo que hace es agilizar la tramitación».
«Permite realizar el proyecto de urbanización o reparcelación en un único trámite siendo más ágil, lo cual está bien porque es necesario construir vivienda puesto que cada vez somos más», aseguró.
Sin embargo, para Antúnez menos positivo es el hecho de que se pueda reclasificar suelo rústico y sólo el 50% se reserve a vivienda a precio limitado o de protección oficial.
«Eso no es una buena medida. Sí que se haga vivienda a precio limitado para que la gente pueda tener un acceso razonable a una casa, pero reclasificar rústico para construir vivienda libre no es lo mejor», manifestó la presidenta.
Desde la Asociación de Inmobiliarias de Pimeef, el presidente Ricardo Sánchez valoró positivamente el fondo del decreto ley puesto que se habla de ampliar el parque de vivienda pública a precios asequibles, una medida que el sector viene reclamando desde hace tiempo al ser «totalmente necesario».
Ampliar oferta
De esta forma, ampliando la oferta, se contribuirá también a controlar el aumento desmesurado de precios, tanto de viviendas en alquiler como de aquellos inmuebles en venta.
«El fondo de la ley es positivo, también si pensamos en que los plazos se van a acortar mucho. Hablamos ahora de diez años para que sean realidad promociones de viviendas de protección oficial. Si se reduce el plazo a año y medio o dos, será muy positivo», reiteró.
Sobre la posibilidad de construir en rústico, desde la asociación aseguraron valorarlo «con cautela» puesto que no son partidarios de la explotación del entorno rural urbano.
«También es verdad que nos encontramos ante una emergencia habitacional y son necesarias las soluciones a la falta de vivienda que lastra a todos los sectores económicos», insistió el presidente.
Por ello, sugirió que esta parte del decreto se aplique «con el máximo rigor». «Hay una falta brutal de vivienda y la única forma para poder comenzar a ver la luz en cuanto a precios es aumentando esta oferta», concluyó.
Por su parte, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares (Proinba) celebró la convalidación del decreto de vivienda en el Parlament al considerar que «representa un avance significativo en el camino hacia soluciones concretas para la actual emergencia habitacional».
En un comunicado, la asociación puso este martes en valor que el decreto --que ahora se tramitará como proyecto de ley-- incluya algunas de las medidas que vienen defendiendo desde hace años, como la agilización y simplificación de la gestión y la transformación de suelo urbano y urbanizable con nuevos instrumentos de planeamiento.
Estas medidas, defendieron desde Proinba, tienen el objetivo de «obtener viviendas de precio asequible» que permitirán con recursos «íntegramente privados y sin necesidad de inversión pública» poner en el mercado unas 20.000 viviendas en el término municipal de Palma.
La mitad de ellas, según recordaron, serán en régimen de construcción, se construirán en un plazo de tres a seis años y tendrán precios que oscilarán entre los 200.00 y los 300.000 euros.
Esto supondrá un incremento de 5.000 viviendas a precios asequibles adicionales respecto a las previsiones que establece el Plan General de Palma de 2023, «cuya aplicación plena se había visto comprometida por numerosos recursos judiciales». «Somos conscientes de que la vivienda es un tema complejo que requiere altura de miras y diálogo constante. Por eso, desde Proinba hemos intentado establecer canales de conversación con todos los grupos parlamentarios, convencidos de que la mejore forma de avanzar es escuchando distintas perspectivas y buscando puntos de encuentro», subrayaron do los promotores.
Así, instan a todas las fuerzas políticas a participar en la mejora del decreto durante su tramitación parlamentaria como proyecto de ley y contribuir «con propuestas constructivas y sensibilidades diversas». «Solo así podremos sacar el problema de la vivienda del enfrentamiento partidista y avanzar hacia soluciones reales», según destacaron.
En esa línea, los promotores inmobiliarios del archipiélago reclamaron la necesidad de dotar al desarrollo de estos proyectos urbanísticos de un «entorno jurídico estable y previsible no sujeto a vaivenes electorales que puedan retrasarlos o hacerlos decaer». «La seguridad jurídica en manos de nuestros representantes políticos no es solo una garantía para las empresas privadas implicadas, sino una condición necesaria para que las soluciones propuestas puedan materializarse en beneficio del conjunto de la ciudadanía en el corto plazo», sostuvieron. De conseguir esta estabilidad en lo suelos urbanos y urbanizables, añadieron desde Proinba, «no hará falta crecer en suelos no clasificados actualmente».
1 comentario
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Qué vergüenza de patronales tenemos en la isla, totalmente politizadas. Cuando los constructores y el Govern y ayuntamientos de PP y VOX están contentos con la medida, nada bueno puede pasar para la isla. Nuestra isla cada vez más pobre.