El Consell d’Eivissa se ha reunido este lunes con los propietarios y directores de los cinco ‘campings’ reglados en funcionamiento en la isla, ante quienes defendió el turismo de caravanas siempre que se pernocte en este tipo de establecimientos «con todos los servicios y garantías sanitarias».
El presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, el conseller de Territorio, Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, y el director insular de Transportes, Roberto Algaba explicaron a los responsables de los ‘campings’ Parco Ibiza, Cala Bassa, Cala Nova, La Playa Ibiza y Es Canar, el contenido de la Ley de Control de Afluencia de Vehículos en Ibiza y sus posibles repercusiones en parte de su actividad.
En el encuentro, la administración confirmó que los cinco ‘campings’ tienen una capacidad de 200 plazas para caravanas para este verano y señalaron que sus instalaciones cuentan con los permisos pertinentes, sistemas homologados de limpieza de aguas de caravana y un entorno «seguro», sin un perjuicio para espacios naturales ni protegidos.
Desde el Consell explicaron a los representantes de los campings que, con la aplicación de la nueva ley, los visitantes que quieran venir a Ibiza en caravana, entre junio y septiembre, tienen que pedir plaza y pernoctar en cámpines reglados, «para no enfrentarse, en el caso de hacerlo en zonas no permitidas, a sanciones que pueden llegar a los 30.000 euros», han recordado.
Críticas socialistas
La institución insular insistió en que todas las acciones que se están llevando tienen como objetivo «favorecer la oferta reglada y de calidad» en contra de los «infractores» y de quienes «se aprovechan» del nombre de Ibiza «sin aportar nada» a la isla.
Por otra parte, el grupo PSOE en el Consell d’Eivissa ha denunciado la falta de mecanismos de control efectivos para aplicar la regulación de entrada de vehículos a la isla. El conseller socialista Víctor Torres, haciéndose eco de la entrevista a Roberto Algaba publicada por Periódico de Ibiza y Formentera el pasado fin de semana, criticó que «ahora nos dicen, con total tranquilidad, que este verano no habrá ni cámaras ni vigilancia efectiva para controlar los vehículos que entren en la isla. Se limitarán a hacer ‘controles’ con los inspectores de transportes, que obviamente serán aleatorios, utilizando un personal que ya está desbordado con la lucha contra el taxi pirata».
Según Víctor Torres, «sin cámaras, esto será un coladero. Es un sistema improvisado y absolutamente insuficiente». «¿Qué mensaje se está dando a la población? Que la ley es una sugerencia, no una obligación. Que si entras en la isla antes de junio y no te pillan, puedes circular tranquilamente. Que la saturación se gestionará a ojo. Es inadmisible», apuntó el conseller del PSOE.
«Decir que esta es una ley progresiva y que han sido prudentes para evitar recursos judiciales es una forma elegante de decir que han preferido no molestar demasiado a los que mandan. Esa prudencia no es responsabilidad, es sumisión y cobardía política», añadió el conseller socialista.
Según Víctor Torres, la regulación presentada por el Consell de Vicent Marí «no solo no evitará el colapso, sino que lo normaliza y lo perpetúa» y acusó al gobierno insular de fijar esta cifra por razones estrictamente políticas y económicas: «Este límite no responde a criterios de sostenibilidad, sino a la voluntad de no incomodar a determinados sectores económicos que viven de la masificación. Es una decisión cobarde, tomada pensando en los intereses de unos pocos y no en el bienestar de la mayoría».
Torres recordó que la Ley de limitación de vehículos fue aprobada con un amplio consenso político y social, pero su aplicación por parte del Consell «ha sido una operación de maquillaje político para hacer ver que se hace algo, mientras se protegen los intereses de los lobbies turísticos».
«No se ha negociado con las navieras, no se ha consultado a los sectores implicados ni se ha querido escuchar a las voces que pedían una aplicación valiente y rigurosa de la norma. Han tomado una decisión de espaldas a todos e ignorando los datos técnicos que ellos mismos encargaron», explicado Víctor Torres.
Algaba
El director insular de Transportes, Roberto Algaba, explicó en estas mismas páginas que la prudencia a la hora de aprobar un cupo de vehículos por parte del Consell d’Eivissa se debe a que «detrás hay empresas muy potentes que lo van a recurrir y no queremos que haya ninguna brecha por donde poder entrar y que un juzgado suspenda el cupo y nos quite todo el trabajo que hemos hecho este año».
Roberto Algaba insistió en que «preferimos haber sido prudentes y seguir trabajando y dando pasos en el primer año de una norma tan importante que hasta la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) se está poniendo en contacto con nosotros para ver qué estamos haciendo que no echarnos la manta a la cabeza e ir con todo y que a los dos meses nos la echen para atrás».
50 comentarios
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# Abandono de los derechos y bienestar del residente y contribuyente. # Ineptitud e ineficacia para resolver conflictos. # Nula autoridad para hacer cumplir las ordenanzas y normas municipales # Dejadez y descuido del territorio De todo eso se puede acusar al Consell y Ayuntamientos!! Tendrán la caradura de exigirnos pagar impuestos??? Tendrán la caradura de pedirnos el voto??
¿Entonces como es? ¿Pagas un impuesto de circulación y no te dejas circular? ¿Es así? Me Pueden decir ¿cómo duerme una caravana?
Wow! Pedazo de medida que se ha sacado de la manga el gobierno! Impecable...
Pues vayaSi no van a pagarlo le retiren la caravana o autocaravana. Ya que al.no estar en lugar hablitado no se considera vivienda. Muchos residen de enganche coleguilla otros fuera. Vayan alla pero la tartana al desgüace. Quin fart d brrrrrruuuuutor
Las de can rova 2 también seran sancionadas? O se hará la vista gorda por parte del consistorio?
Professor H`Las caravanas duermen, cocinan, duchan, ven la tv,... y todo gracias a robar electricidad y agua sin pagar un duro.
yatEllos nose el resto q no dependemos d nadie festejarem.
PepetEs barst.hi ha caravanes d menys d 6 m q costen mes.
Si son incapaces de frenar el efecto llamada que provocan los políticos con su pasteleo con los caciques, cómo van a ser capaces de cobrar 30.000€ a un currante que no los gana en toda la temporada, al menos en blanco y declarados?. Si no quieren hacer nada me parece mal, pero me parece aún peor que sigan haciendo el ridículo, individualmente y como institución, y tratándonos como si fuéramos todos imbéciles, que al parecer, debe ser lo que somos.
VPO, señores, VPO. Graben en sus cerebros esto, además de todo lo que se va haciendo, perseguir supuestamente la oferta ilegal... Si no hay vivienda, no hay plan de futuro