El Govern pedirá a la APB los informes con los que se ha prorrogado la autorización a Port Nàutic

Los consellers Lafuente y Mateo forman parte del consejo de administración

Instalaciones del Club Náutico de Ibiza | Foto: Archivo

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Los representantes del Govern en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Juan Manuel Lafuente y José Luis Mateo, solicitarán al ente portuario los informes en los que ha basado la decisión de prorrogar a Puertos y Litorales Sostenibles la autorización de ocupación temporal de las antiguas instalaciones del Club Náutico en el puerto de Ibiza. Lafuente es el responsable autonómico de los departamentos del Mar y del Ciclo del Agua, mientras que Mateo es el titular de las conselleries de Vivienda, Territorio y Movilidad.

«Desde el Govern se solicitará una copia de los informes técnicos», han indicado fuentes de las conselleries dirigidas por Lafuente y Mateo, que han puntualizado que se pedirá a la APB los documentos que «defendían la prórroga» concedida a PyLS la semana pasada por un periodo de 12 meses.

El Govern responde así a la petición formulada por la Asociación de Amarristas del Club Náutico, que remitió sendos escritos a los consellers poco después de que el consejo de administración de la APB aprobara la prórroga a principios de la semana pasada. Una prórroga a la que se suma otra de seis meses para terminar de construir e instalar el dique flotante que tendría que haber entrado en funcionamiento, como muy tarde, el día 5 de este mes de mayo.

La asociación solicitaba en su escrito a Lafuente y Mateo que promovieran una investigación interna en la APB «sobre la omisión de control y la posible connivencia administrativa» entre este ente público y PyLS. Una empresa, que denunció la Asociación de Amarristas, «ha incumplido sistemáticamente sus compromisos contractuales».

La Asociación de Amarristas también denunció en su escrito que PyLS habría incumplido varias condiciones «esenciales« de la autorización de ocupación temporal de las instalaciones. Así, enumeraba en el documento la ausencia de una escuela de vela y la «reducción drástica de la formación deportiva náutica comprometida», la «falta total de organización de regatas, incumpliendo el programa deportivo», la «no prestación de servicios ambientales y MARPOL, incrementando el riesgo de vertidos», la «no ejecución de las mejoras proyectadas ni inicio de obras, incumpliendo los plazos fijados», la «ausencia de registro de solicitudes para puerto base« y la «presencia de embarcaciones de más de 15 metros y ocupación excesiva por transeúntes, vulnerando el espíritu y letra de la autorización». Denuncias que la Asociación de Amarristas basa en un informe elaborado por ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y en otro de un gabinete de detectives privados. Documentos que también han sido remitidos por esta asociación a la APB.

Ante estos hechos, la Asociación de Amarristas reclamó a los consellers Lafuente y Mateo que, como miembros del consejo de administración de la APB, intercedieran para «exigir la revisión inmediata de la prórroga concedida a PyLS y que se proceda a la incoación de expediente de caducidad de la autorización». También solicitó que «se promueva la transparencia y acceso a la información relativa al expediente» para que la asociación pueda tener acceso al proyecto de ejecución y el acta de replanteo relacionados con el dique flotante y los informes técnicos y jurídicos en los que la APB ha basado la concesión de la prórroga. Informes estos últimos que son los que el Govern ha anunciado que solicitará en breve.