Estructura de la obra | Foto: Alejandro Mellon

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La vieja estructura inacabada en Cala Xinxó, es un problema enquistado para el municipio de Sant Josep y para los vecinos de la zona, que ven como ese lugar se ha convertido en un nuevo asentamiento chabolista, con las implicaciones en materia de salubridad y seguridad que ello implica.

Por este motivo, el alcalde, Vicent Roig, ha anunciado este viernes por la mañana, tras la reunión de la Junta de Gobierno en las instalaciones del consistorio, que se ha agotado la caducidad de la licencia de la obra, una vez concluido el plazo de alegaciones, que fue ampliado por petición de la propiedad.

Con esta caducidad de la licencia, ha explicado Roig «la propiedad no pierde el derecho a edificación en la zona, pero esta ha de someterse a la normativa actual, más restrictiva respecto a la que existía en 2006». El alcalde ha criticado la falta de responsabilidad por parte de la empresa, por su falta de inacción y elusión de responsabilidades respecto al terreno. Esta promotora, Cala Xinxó S.L, del grupo Acintur Mediterráneo, detuvo las obras en el 2010 aludiendo razones económicas, y no se ha preocupado en ningún momento por la conservación del lugar.

Normativa

Ahora, las normativas han cambiado en diversos aspectos respecto al inicio de las obras, hace ya casi 20 años. En cuanto a ley turística se han modificado los parámetros y, a día de hoy, se trata de una zona en una urbana consolidada. Por ello, las capacidades, bajan en torno a un 40 por ciento, por lo que ha explicado Roig.

Por este motivo, se han abierto dos nuevos expedientes, tanto a nivel urbanístico como a nivel de medio ambiente. El primero de ellos, para que la propiedad proceda a perimetrar el terreno «porque toda obra tiene la obligación de dejar entrar solo a aquellas personas involucradas directamente en la obra», en palabras del alcalde. Según le consta al Ayuntamiento, la propiedad también ha iniciado un procedimiento legal mediante una denuncia ante la Guardia Civil por usurpación hacia esas personas que viven en la estructura.

Medio ambiente

El segundo de los expedientes, en materia de medio ambiente, está relacionado con la gran cantidad de residuos que se depositan en el lugar -los vecinos han denunciado incluso la proliferación de ratas, además de malos olores que se evidencian solo pasando junto a la estructura-. Un expediente que ya fue abierto por el anterior consistorio en el año 2021, pero que fue cerrado por una supuesta buena voluntad de la propiedad que, a día de hoy, no se ha complicado, tal y como ha explicado el alcalde.

Sobre la posible demolición de la estructura, que Roig ha calificado como «un camino que no será fácil», si esta no fuera ejecutada por parte de la propiedad, sería realizada de manera subsidiaria con el Ayuntamiento. Sin embargo, el alcalde no ha descartado que esa estructura pudiera aprovecharse para una futura edificación, pero eso responderá a «motivos técnicos».

Respecto a las personas que han hecho de esa estructura inacabada su lugar de residencia, la Policía Local realizó durante la tarde del jueves un conteo de personas. Según ha explicado el alcalde, a día de hoy habría 87 personas viviendo en el lugar, divididas en 54 núcleos de convivencia. La mayoría de ellas, añaden, sin permiso de residencia, por lo que solicitarán la colaboración de la Dirección Insular del Gobierno en Ibiza tanto en materia de inmigración, como de Guardia Civil, para que se pueda desocupar la estructura.

Inseguridad

Sobre la inseguridad que esto pueda generar a los vecinos de la zona, el Ayuntamiento ha asegurado que va a mejorar la iluminación de las calles colindantes, además de incrementar la presencia policial. En cuanto a materia de limpieza, también se ha instado a la propiedad a realizar las correspondientes tareas y, en caso de que esto no se produjera, se abordaría también de manera subsidiaria.

Sobre los posibles plazos, Roig ha valorado que no serán rápidos «porque se trata de procesos muy garantistas» y ha recordado el caso del asentamiento de Can Raspalls, para el cual han necesitado dos años para poder desalojar y limpiar. Sin embargo, ha desligado el procedimiento de limpieza del terreno con el proceso legal para la posible demolición, como procesos que pueden transcurrir «de manera paralela».

Por último, Roig ha terminado con una reflexión sobre la situación de estas personas. «Durante las identificaciones la mayoría de ellos estaban volviendo de trabajar cuando la mayoría son gente sin el permiso de residencia. Tenemos que ver a quién están contratando las empresas en Ibiza».