Transporte

Multas de 25.000 euros para dos taxistas pirata cazados en Ibiza, uno de ellos la mítica 'rumana'

La Policía Local de Sant Josep subraya la necesidad de realizar un análisis jurídico para poder «implementar medidas que vayan más allá de las actuales sanciones económicas»

Uno de los vehículos retirados | Foto: Policía Local de Sant Josep

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La Policía Local de Sant Josep ha denunciado este viernes a dos conductores que se dedicaban a ser taxistas pirata. Entre los multados se encontraba la mítica ‘rumana’, quien cuenta con múltiples antecedentes por ofrecer este tipo de servicios de forma clandestina. Esta cabecilla del taxi pirata en la isla, que opera habitualmente en el aeropuerto y acumula una decena de denuncias en sus 20 años de ejercicio ilegal, fue cazada por el cuerpo policial.

Los agentes detuvieron el vehículo, un viejo modelo Ford Focus, tal como han mostrado este viernes las imágenes difundidas por la Policía Local de Sant Josep. Este vehículo transportaba a varios turistas que acababan de llegar a Ibiza y habían contratado el transporte ilegal para desplazarse hasta su lugar de alojamiento.

En esta detención fue crucial el aviso de los taxis legales, ya que estos conductores comunicaron, a través de un grupo de mensajería conjunto con los agentes, que había varios taxis pirata trabajando en el aeropuerto. Fue entonces cuando los agentes intervinieron el Ford Focus y otro vehículo ilegal, imponiendo sanciones económicas que oscilaron entre los 15.000 y los 25.000 euros.

Preocupación

Sin duda, el transporte ilegal de pasajeros sigue siendo una de las grandes preocupaciones en Ibiza, especialmente en los periodos de mayor afluencia turística. Las autoridades locales, aunque «comprometidas con la erradicación de esta práctica», se enfrentan a un escenario complejo, donde la preparación de los infractores, las limitaciones legales y la falta de personal dificultan cualquier avance.

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En esta línea, según fuentes policiales, se están desarrollando dos métodos predominantes de transporte ilegal: por un lado, quienes alquilan vehículos a través de empresas de rent a car para utilizarlos como taxis encubiertos; y por otro, quienes adquieren coches de escaso valor con el único propósito de explotarlos hasta que son detectados por las autoridades. «Lo habitual es que opten por el coche de alquiler», explicaron.

Indicaron que algunas empresas de alquiler han comenzado a tomar medidas por iniciativa propia. «Nos consta que ciertas empresas de alquiler de vehículos, cuando sospechan que un cliente puede dedicarse al transporte ilegal, exigen la presentación de una tarjeta de embarque para comprobar que realmente es turista. Incluso hemos recibido llamadas de estos supuestos clientes que se quejan de estas exigencias, pidiendo presencia policial», relataron. También lamentaron cómo las actuales sanciones económicas impuestas a los infractores no están generando un efecto disuasorio. Según dichas fuentes, los infractores más frecuentes «tienen capacidad económica para afrontar» y continúan operando con impunidad. «Quitarles un coche viejo o uno alquilado no les supone ninguna pérdida real», afirmaron. Desde el cuerpo se sugiere la necesidad de implementar medidas más contundentes, como la retirada de puntos del carnet de conducir. Apuntaron que podría ser más efectivo, ya que retirarlos de la circulación durante un tiempo sí les afectaría directamente.

Sin embargo, estas propuestas necesitarían de una revisión legal exhaustiva y podrían enfrentarse a la lentitud de los procesos administrativos actuales. Hay que señalar que la policía ha intentado, sin éxito, trasladar algunas de estas infracciones al terreno penal, recurriendo a figuras como la desobediencia a la autoridad. Sin embargo, agregaron que los juzgados han considerado estas actuaciones como meramente administrativas, lo que impide un mayor castigo a los reincidentes.

Al respecto, subrayaron que sería interesante que, al notificarse una sanción definitiva, se incluyera una prohibición expresa de continuar ejerciendo esta actividad, lo cual abriría la puerta a posibles actuaciones penales en caso de reincidencia.

El apunte

La falta de personal y competencias dificultan la lucha contra esta práctica

Uno de los grandes escollos, según lamentaron los agentes, es la falta de personal. A pesar de ello, se sigue trabajando en la vigilancia y detección de estas actividades. Se utilizan recursos como cámaras en el aeropuerto o la colaboración con conductores del transporte legal, quienes alertan de matrículas sospechosas. Además, señalaron, la normativa vigente asigna la competencia principal sobre transporte al Consell, mientras que los cuerpos policiales locales actúan como «colaboradores». Esta limitación impide dedicar unidades exclusivas a esta problemática. Al respecto, se plantea la posibilidad de modificar la ley para convertir esta vigilancia en una competencia directa de la policía local.