Delegación del Gobierno insiste en que no tiene competencias en frenar el chabolismo en Ibiza

Consell y Ayuntamientos solicitan una reunión para afrontar esta problemática

El asentamiento de Can Rova II, hace escasos días

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El president del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, tras la celebración del último Consell d’Alcaldes del pasado 20 de junio, realizó unas declaraciones en las que solicitaba una reunión a Delegación de Gobierno para tratar la problemática de la proliferación de asentamientos que vive la isla de Ibiza.

«Nos implicaremos todos más pero también queremos el apoyo de la administración central, que tiene competencias en inmigración, para saber qué pasa en estos entornos y conseguir su erradicación. Nuestro crecimiento no puede estar basado en un empeoramiento de las condiciones de vida», expresaba entonces Marí.

A este respecto, desde Delegación de Gobierno confirman que recibieron la solicitud de reunión el pasado viernes, a la cual «daremos respuesta entre las próximas 24 y 48 horas con las fechas y horarios disponibles para esta reunión».

Sin embargo, desde la Delegación hacen hincapié en que la gestión de estos asentamientos «es una cuestión a resolver por parte de los Ayuntamientos y del Consell».

Al respecto, han recordado que, en algunas casos, como es asentamiento de Can Rova II «se encuentra en procedimiento judicial, por lo cual desde Delegación de Gobierno todo lo que podemos hacer es apoyar con medios si la decisión judicial finalmente es la de desalojar».

Por ello, aseguran desde la Delegación que, aunque están abiertos a mantener esa reunión, no pueden «hacer mucho más que recordar a quien corresponde cada una de las competencias».

Sin embargo, respecto a esto ya se manifestó Vicent Marí quien expresaba que este «o es un problema que dependa solo de los ayuntamientos porque detrás hay una política migratoria –que depende del Estado– hay gente que trabaja que no tenemos identificada si lo hacen con o sin papeles, si son personas vulnerables o no… Hay muchas variables a tener en cuenta y los ayuntamientos no pueden hacerlo todo. Creemos que desde la Dirección Insular del Estado no están haciendo nada para acabar con esta situación y hace falta más implicación».