El Ministerio Fiscal pidió ayer la inhabilitación especial para los dos responsables de Distribución Mercat SA en Eivissa, Carlos Pons y Antonio Costa, para que no puedan ejercer los cargos que ostentan actualmente de gerente y coordinador encargado.

El fiscal Manuel Campoy, que ha promovido las acciones penales contra Distribución Mercat después de que esta empresa fuera condenada en el juzgado de lo Social por vulnerar el derecho a la libertad sindical, pidió en el Juzgado número 2 de lo Penal una nueva sentencia condenatoria, al entender que se abusó de una situación de poder para poner impedimentos a la normal actuación del sindicato USO. «Lamentablemente ésta es la forma habitual de actuar en el mundo de la empresa y estos delitos afectan al verdadero Estado de derecho», señaló Campoy, que considera probado que los miembros de USO no pudieron publicitar correctamente su candidatura en las elecciones sindicales y que los trabajadores recibieron amenazas por apoyar directamente dicha candidatura.

Por su parte, el abogado de la defensa trató de probar con un grupo de siete testigos que el trato con los empleados en la época de las elecciones sindicales fue absolutamente normal.