Desde el Ayuntamiento de Eivissa señalaron que tras conocerse una sentencia judicial que retira la protección del actual edificio de Sa Graduada que había aprobado el anterior gobierno del PP en el Consell d'Eivissa, se confirma que «ese expediente tenía como único objetivo boicotear el proyecto 'Eivissa Centre'», una iniciativa que pretende remodelar el centro urbano de Vila.
El primer teniente de alcalde, Santiago Pizarro, señaló que «el proyecto podría haber estado terminado desde hace años» y, sin embargo, prácticamente no se ha podido ejecutar nada. Pizarro lamentó que quienes pidieron esa protección del edificio «hayan conseguido boicotear el proyecto, lo consiguieron».
Asimismo, el primer teniente de alcalde dijo que esta sentencia, que «aún no hemos recibido pero si lo que sale en prensa es cierto» permitirá que el Ministerio de Justicia levante un edificio nuevo para los juzgados en el solar de Sa Graduada en vez de rehabilitar el actual, que «habría supuesto un coste mayor».
De esta manera las instalaciones serán totalmente nuevas y tendrán más metros cuadrados. Además, recordó que el proyecto preveía que en esa parcela también se edificara la nueva Delegación del Gobierno, pero la protección de Sa Graduada les obligó a buscar otra ubicación donde actualmente se encuentra la sede de vías y servicios enfrente del Parque de la Paz. Lo que ha supuesto apuntó Pizarro, «un sobreesfuerzo para el consistorio».
Por otro lado, Pizarro prevé que «en este mes de mayo se pueda adjudicar el proyecto de construcción del nuevo colegio de Sa Bodega». Explicó que «este lunes se ha reunido la primera mesa de contratación y se han presentado un total de 13 empresas» para ejecutar esta iniciativa que financia al 100 por cien la Conselleria de Educación.
El presupuesto inicial es de 4'2 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses. «Si todo va bien», Pizarro esperó que el colegio «esté listo para el curso escolar 2011-2012». El nuevo centro doblará la capacidad del actual edificio, «pasando de una línea a dos».
Por su parte el concejal de núcleo histórico, Marc Costa, explicó que el 42 por ciento de los propietarios a los que se les enviaron órdenes de ejecución para que rehabiliten sus edificios en los barrios de la Marina y Sa Penya «están ya realizando obras».
Se trata de 59 órdenes, del resto, si sus propietarios no hacen una rehabilitación, la ejecutará el consistorio de manera subsidiaria y luego les pasará la factura. También hay otros 17 expedientes de ruina. Sus propietarios tienen que presentar un proyecto de obra mayor de rehabilitación, en caso de no hacerlo serán expropiados.
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