El Ayuntamiento de Sant Antoni ha decidido llegar hasta el final e interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional que rechaza que los terrenos de Cala Gració, Cap Negret y Punta Galera sean urbanos.
Según explicó la concejala de Urbanismo de Sant Antoni, Josefa Costa, desde el Ayuntamiento acatan la sentencia, pero seguirán luchando «hasta el final» para que se reconozca «la realidad» de estos terrenos. Según Costa, en estas tres zonas hay calles y aceras, por lo que la realidad física no es de suelo rústico, sino urbano.
La sentencia de la Audiencia Nacional rechazaba un recurso presentado por Sant Antoni contra el deslinde de Costas, que no reconoce como urbanas estas tres zonas y fija, por tanto, una servidumbre de protección de 100 metros, cuando el Consistorio defiende que sea tan sólo de 20 metros.
Argumentación
La concejala de Urbanismo considera que la Audiencia Nacional se ha confundido porque toma como base unos urbanizables muy grandes que marcó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del 87, por lo que en el área construida no hay la consolidación suficiente para que sea urbano, que por ley es de las 2/3 partes. Sin embargo, Costa asegura que hay que tomar como base únicamente lo construido, sobre la delimitación de suelo urbano que aprobó el Ayuntamiento en el año 2001. De esta forma, aunque los terrenos quedaran desclasificados por las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) del 99, el Ayuntamiento defiende que luego se hizo una delimitación de suelo urbano para recoger los suelos que ya tenían edificaciones consolidadas. Según esta delimitación, los terrenos de Punta Galera, que según la Audiencia Nacional tienen un 10% de consolidación, tendrían un 66%. «Lo que queremos desde el Ayuntamiento es reconocer la realidad de estos terrenos y que se los pueda dotar de infraestructuras», aclaró la concejala, que indicó que es algo que beneficiaría al Consistorio porque todos los propietarios tendrían que pagar impuestos como si fuera suelo urbano y tendrían que hacer las cesiones necesarias. Además, el Ayuntamiento podría dotar a estos barrios de todos los servicios. «La gente piensa que queremos que sea urbano para que hagan edificios, pero no es así porque allí van casas unifamiliares, además de que respetaremos los 100 metros», explicó la regidora, que asegura que han consultado con los juristas y han visto que había posibilidades de recurrir al Supremo.
Costa compara esta situación con la que se da en Sant Josep, donde hay grandes extensiones en Cala Tarida y en Platja d'en Bossa que están construidas pero son rústicas por sentencia
Miquel Ramon: «Dudo que esta sea la mejor forma de utilizar los recursos públicos»
El conseller de Política Territorial, Miquel Ramon, asegura que la sentencia era «previsible». «Me sorprende que el Ayuntamiento quiera seguir insistiendo, porque la respuesta de Costas a sus alegaciones contra el deslinde estaban muy bien fundamentadas», añadió Ramon, que cree que el recurso ante el Supremo no tiene muchas posibilidades de prosperar. Por ello, dudó que invertir dinero en abogados para recurrir sea la mejor forma de «utilizar recursos públicos» y aseguró que el Ayuntamiento está «obcecado» con este asunto.
El grupo municipal de PSOE-ExC tampoco entiende el empeño del equipo de gobierno por convertir estas zonas en urbanas. «¿Qué intereses defienden? ¿Por qué siguen gastado dinero de las arcas públicas en un interés privado? ¿Por qué pagan a un abogado para defender estas zonas como urbanas?», se preguntan.
1 comentario
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lo que yo no entiendo es cómo los representantes del pueblo (de la oposición al pueblo, mejor dicho), pueden esconder la cabeza debajo del ala y aceptar como rústicos unos terrenos con servicios y consolidación de urbanos. Lo que hacen es condenarlos al desamparo de las instituciones y a la degradación, castigándolos como si fueran delincuentes por haber construido sus casas en terrenos legalmente adquiridos y en la gran mayoría de los casos, con el visto bueno de las administraciones. Claro que hay que recurrir contra la todopoderosa Costas, y por una vez utilizar el dinero público en algo que revierta en nuestro bienestar!!!