Iñaki Urdangarín tiene cita con el juez Castro y los fiscales Anticorrupción. El 6 de febrero, a las nueve de la mañana, el duque de Palma se convertirá en el primer miembro de la Casa Real en declarar como imputado. En un auto judicial notificado ayer, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma fija un calendario de declaraciones y levanta el secreto de sumario de la ‘operación Babel' que investiga las actividades económicas del Instituto Noos que presidió Urdangarín.

La citación del consorte de la infanta Cristina se daba por hecho desde hace semanas en círculos judiciales. La decisión de hacer público el sumario y de citar a los principales imputados se tomó una vez que se terminó la revisión de los documentos que se obtuvieron en los registros a la sede del Instituto Noos y a otras empresas en Barcelona el pasado mes de noviembre. También, como se esperaba, la declaración del duque se producirá una vez haya terminado el primer juicio en el que el ex president Matas comparecerá como acusado. Sin embargo, para la víspera de Reyes, el magistrado ha citado como imputados al socio de Urdangarín, Diego Torres y a Ana María Tejerio, Marco Antonio Tejeiro, Miguel Tejerio y Salvador Trinxet, todos ellos relacionados con los fondos de Nóos. También comparecerán el 25 de enero ‘Pepote' Ballester, Gonzalo Bernal y Juan Carlos Alía, los altos cargos del Govern relacionados con los contratos al Instituto Noos.

Noticias relacionadas

El auto de Castro alude en numerosas ocasiones al derecho de defensa de los imputados. En concreto al citar a Urdangarín explicita que «procede dar la oportunidad a cuantas personas puedan resultar afectadas por los indicios racionales de criminalidad de ejercitar su presunción de inocencia y, la primera medida a ello es convocarlas para posibilitar que den su versión de los hechos».

Tacto

Con ese mismo tacto, el magistrado explicita los hechos por los que el duque de Palma será interrogado: Todos los contratos que empresas vinculadas de cualquier manera con Urdangarín recibieran de los gobiernos autonómicos de Balears y Valencia, «así como el destino y tratamiento fiscal que se le haya dado a los fondos recibidos»