El conseller de Administracions Públiques, Simón Gornés, negó ayer que el Govern esté obligando a los ayuntamientos de las Islas a cambiar sus topónimos para «castellanizarlos» y matizó que la modificación planteada «sencillamente» otorga a los consistorios la posibilidad de decidir si utilizan sólo el catalán o bien si lo combinan con el castellano para el nombramiento de sus territorios, calles o núcleos de población.
Desde la Conselleria recordaron en un comunicado que el anteproyecto de ley de modificación de la Llei de Funció Pública tiene como objetivo principal que el conocimiento de la lengua catalana deje de ser un requisito para acceder a la Administración y se convierta en un mérito.
El anteproyecto se ha elaborado en base al reconocimiento de las lenguas cooficiales de las Islas Balears que recoge tanto el Estatut d'Autonomia como la Constitución Española. El texto también plantea la jurisprudencia de varias sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional.
El redactado de la ley comprende cuatro disposiciones, de las cuales dos afectan otras leyes (la de Normalización Lingüística y la de Régimen Jurídico) que también deben cambiarse para que el texto sea «coherente» con el resto de la normativa relacionada con el uso y conocimiento del catalán, precisó la Conselleria.
En este ámbito es donde se establece que los topónimos de Balears podrán tener como forma oficial o bien la catalana o bien la castellana y la catalana de forma conjunta.
En cualquier caso, la Conselleria recalcó que la modificación de la ley no implica «ninguna obligación» aunque sí «descentraliza» unas decisiones que, en caso de tomar en consideración, competerán en primer término a los propios ayuntamientos.