La recién constituida asociación de viviendas turísticas vacacionales de Pimeef celebró esta semana su primera reunión a la que asistieron un total de 25 personas interesadas en participar en esta nueva iniciativa que tiene como principales objetivos luchar contra la ilegalidad y el intrusismo en el alquiler de viviendas vacacionales.

Legalización

Uno de los puntos que persigue esta asociación es que «se unifiquen» los criterios para legalizar las viviendas turísticas vacacionales en la nueva Ley Genetal Turística (LGT). «En materias de legalización pedimos que sea más fácil porque en la actualidad hay que solicitar una serie de licencias demasiado complicadas, sobre todo de orden territorial», explicó ayer Roberto San Esteban, presidente de esta asociación profesional.

En este sentido, aumentarían las viviendas vacacionales legalizadas y así «nos podríamos equiparar en número de casas legalizadas en comparación con Menorca o en cifras similares de Mallorca. Está abierta a todo aquel propietario que se apunte y así poder ejercer más fuerza».

San Esteban explicó que en esta agrupación existen dos vertientes. Por un lado, los comercializadores (inmobiliarias, agencias de viaje y empresas legales que comercializan el alquiler de viviendas) y, por el otro, los propietarios de viviendas turísticas vacacionales. «A la reunión asistieron bastantes propietarios interesados en legalizar sus viviendas en base a la nueva ley turística que se aprobará a principios de junio», precisó San Esteban.

Cuando salga la normativa, según explicó el presidente de esta asociación, analizarán su contenido y ayudarán a nivel individual y colectivo a tramitar las peticiones para que los propietarios legalicen sus viviendas, así como para la renovación del título que acredita que se trata de una vivienda turística vacacional.

En cuanto a las alegaciones que presentaron al nuevo texto normativo, San Esteban afirmó que esperan que se tengan en cuenta las «casas rurales, las villas y en algunos casos los adosados, como especificaron desde la asociación de Menorca».

Multas

San Esteban manifestó ayer su «perplejidad» al ver que el nuevo texto contiene un anexo en el que «se establecen multas administrativas de hasta 400.000 euros para quienes alquilen su casa sin estar legalizada, pero es que además hace responsables subsidiarios al medio en el que se publicite, ya sea web, inmobiliaria o prensa, así como a los clientes que las alquilen. Esto echará para atrás a los clientes».

El presidente de esta asociación afirmó que el Consell les solicitó que denunciasen a quienes no tienen sus viviendas dadas de alta como turística vacacional y estén alquilando para luchar contra el intrusismo. «No pagan impuestos, ni ningún tipo de seguridad social ni IVA y luego dejan tirados a los clientes», concluyó San Esteban.