Vila prepara el desalojo de la zona más conflictiva de sa Penya para septiembre

La concejala de Cultura, Lina Sansano, explicó que en julio se enviarán las órdenes de desahucio a los ocupantes legales e ilegales de las infraviviendas de la zona, que una vez que reciban las notificaciones tendrán 45 días de plazo legal para recurrir o alegar. Es el primer paso del «cronograma de actuaciones» que ha elaborado el Consistorio y que tiene como meta el final de temporada. «Porque se ha pensado que no será bueno empezar en julio y agosto con este tema, porque va a ser muy complicado y muy difícil, eso lo sabemos todos, no nos engañemos. Entonces nos vamos a septiembre», destacó.

La inseguridad

La concejala confía en que el desalojo de la manzana sea la solución para los problemas sociales y de inseguridad en el barrio, que han provocado que muchos de los vecinos de la calle Fosc, ubicada junto a la UA-27, hayan abandonado o quieran abandonar sus viviendas a pesar de haber invertido miles de euros en su rehabilitación. «No cerramos los ojos porque los problemas son reales y duros. Sé que es un tema muy complicado pero en seguida que podamos actuar en la UA-27 va a empezar a cambiar no solo la fisonomía del barrio sino también el tipo de circunstancia y contexto social. Porque se van a desplazar los problemas que ahora mismo se están dando allí», agregó.

Sansano también explicó que cada quince días el Consistorio celebra reuniones para analizar la situación de sa Penya, con representantes de las áreas de urbanismo, policía y bienestar social, etc, y reconoció que la falta de presencia y asistencia policial de la que se quejan los vecinos «es un tema recurrente que suele salir en cada reunión». «El lunes también se constituyó la junta de seguridad y ya se están preparando acciones para este tipo de problemas que tenemos», agregó la edil, que indicó también que en el mismo encuentro, la alcaldesa de Vila, Marienna Sánchez-Jáuregui, puso sobre la mesa el tema del desahucio.

Los realojos

En total, Vila prevé desalojar las 35 infraviviendas del barrio, donde residen unas 54 personas, que en su mayoría son ocupantes ilegales. Según Sansano, en la actualidad se está estudiando «qué tipo de vivienda» se destinará al realojo de cinco de las familias de esta manzana que «son residentes legales». «Hay de todo, hay un caso que son propietarios a los que se les tiene que indemnizar y realojar, y hay otros que tienen algún documento de contrato de arrendamiento o título de cesión de propiedad», agregó la edil. La propuesta para realojar a los inquilinos legales se podría aprobar en una Junta de Gobierno en quince días. Para el resto, los ocupantes ilegales, se les prevé realojar «temporalmente» aunque aún no han trascendido los detalles.

Cabe recordar que en la anterior legislatura se presentó un programa de ayudas para pagar el alquiler durante un año a los ocupantes ilegales. Sin embargo, la concejala explicó que se intentó aplicar esta fórmula con una familia que aceptó, pero regresó a los quince días de abandonar el barrio. Por eso, se prevé que tras la temporada el desalojo será para «todos a la vez, porque ya hemos visto que de uno en uno vuelven». «Y en cuanto salgan, vamos a tapiar y romper la techumbre para evitar que se vuelvan a meter», agregó.

Sansano indicó que «en seguida que las viviendas se queden vacías tienen que entrar los servicios técnicos para hacer el estudio de patologías, de salubridad y de estructuras». «Nos imaginamos que son casitas subdivididas que hoy en día no cumplirían con las normas de vivienda», afirmó, y recordó que «todo esto se tiene que actualizar y adaptarse a lo que marca el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que son 14 viviendas de protección oficial».